Cuando pensamos que Nicaragua no puede descender más en el oscuro abismo del despotismo, Daniel Ortega incurre en otro desmán tiránico para aferrarse al poder. El 27 de mayo supimos que el dictador de Nicaragua había congelado, sin aviso previo, las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia Católica en todo el país como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. Y el 2 de junio la Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó preocupación ante el hecho de que el régimen de Daniel Ortega utiliza el sistema de justicia para silenciar “activamente cualquier voz crítica o disidente en el país”, destacando que “[s]olo en el mes de mayo 63 personas habrían sido detenidas arbitrariamente”.
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Al leer noticias como esas, muchos en Puerto Rico recuerdan que el Comandante Ortega nombró al Presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, como uno de sus asesores y se preguntan cuál es la posición del PIP con respecto al régimen nicaragüense. Aiola Virella, Editora en Jefe del periódico Metro Puerto Rico, entrevistó a Berríos hace poco más de un año y, en sintonía con ese interés, le preguntó: “En el 2015 usted fue asesor de Daniel Ortega. ¿Qué piensa hoy de la represión de Ortega contra sus antiguos compañeros sandinistas y en general del rumbo de represión que ha tomado Nicaragua?”
Berríos respondió: “Obviamente nosotros no somos partícipes de las decisiones del gobierno de Nicaragua. Eso es un asunto de Nicaragua. Pero nosotros no somos partícipes de nada de eso.” Así Berríos trató de tomar distancia del régimen de Daniel Ortega sin denunciar su carácter dictatorial y represivo. Luego añadió: “Y no fue que yo fui asesor, es que para poder hablar en la convención [sic] del [sic] CELAC… pues yo obviamente tenía que sentarme con la delegación de Nicaragua.” No es obvio y tampoco es cierto.
Estos son los hechos. En la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tuvo lugar en Costa Rica, estuvieron representados 33 países. Por lo tanto, no es obvio que Berríos tuviera que sentarse con la delegación de Nicaragua. Berríos lo hizo porque Daniel Ortega estuvo dispuesto a romper con el protocolo, ir en contra de los procedimientos acordados para la Cumbre, y desafiar el consenso sobre el tema de Puerto Rico para dejarlo en el uso de palabra durante la sesión plenaria del 28 de enero de 2015.
Además, para que Berríos pudiera ganar acceso a la Cumbre, Daniel Ortega recurrió a una maniobra que le causó gran malestar al gobierno anfitrión. El diario costarricense La Nación reportó que Berríos fue acreditado en la Cumbre en calidad de “representante de la Embajada de Nicaragua” en San José “con un número de pasaporte ordinario nicaragüense para efectos de la Cancillería y de la revisión de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)” de Costa Rica, a pesar de que ingresó a ese país en un vuelo comercial de Copa Airlines como ciudadano de Estados Unidos. La maniobra, que el Vicecanciller de Costa Rica calificó como “un total engaño, una farsa”, tuvo la participación del núcleo duro del PIP. Según La Nación, “Fernando Juan Martín, Juan Manuel Dalm[a]u Ramírez y María [de] Lourdes González [sic] Negrón” fueron “miembros de la delegación oficial nica registrada ante [la] Cancillería” de Costa Rica en calidad de “asesores” del “Gobierno de Nicaragua”.
Luego, el 30 de enero de 2015, Daniel Ortega firmó un decreto, llamado “Acuerdo Presidencial”, mediante el cual nombró a Berríos “Asesor del Presidente de la República para Políticas Internacionales en Materia de Descolonización”. Es decir, Daniel Ortega nombró a Berríos Asesor del Presidente dos días después que le cedió el uso de la palabra en la Cumbre de la CELAC.
No satisfecha con la respuesta de Berríos, Virella insistió: “Pero… esa opresión, que ha sido denunciada internacionalmente, ¿ustedes la podrían denunciar? A lo cual Berríos contestó: “Hombre, pero si tan pronto como nos pregunten, seguro que no estamos de acuerdo con eso.” Nuevamente, Berríos evitó condenar al régimen de Daniel Ortega y, a su tibia respuesta, añadió el débil pretexto de que no se habían expresado porque no les habían preguntado. Los políticos no esperan a que un periodista les haga una pregunta para hacer pública una posición, y los del PIP no son la excepción.
Resulta evidente que Berríos quiso hacernos espectadores de un acto de prestidigitación verbal para distraernos de los hechos y hacernos dudar de lo que recordamos. Esto es lo que en la era de la posverdad se ha denominado “political gaslighting”.
Poniendo aparte la afinidad ideológica de Berríos con el sandinismo y que el PIP se hace de la vista larga con los abusos de sus aliados, la resistencia del PIP a condenar la creciente represión del régimen de Daniel Ortega podría llevar a una persona razonable a sospechar que Berríos no dejó de ser asesor del dictador y que el nombramiento constituye una atadura al régimen sandinista de la que el PIP no quiere soltarse. Por eso es importante entender la naturaleza y trasfondo del nombramiento.
En Nicaragua “Asesor del Presidente de la República” no es un título honorífico. Tampoco es una prestación de servicios profesionales mediante un contrato con fecha fija de vencimiento. Es un puesto gubernamental que el Presidente concede mediante un decreto denominado “Acuerdo Presidencial” que se publica en La Gaceta, el Diario Oficial de Nicaragua. Si el Presidente dejara sin efecto el nombramiento de uno de sus asesores, sea porque lo destituyó o porque aceptó su renuncia, también firmaría un Acuerdo Presidencial que sería igualmente publicado.
El nombramiento de Berríos como Asesor del Presidente fue objeto de dos Acuerdos Presidenciales. El primero, firmado el 30 de enero de 2015, fue publicado el 4 de febrero de 2015. Luego, tras la farsa electoral de noviembre de 2016, Daniel Ortega tomó posesión de la presidencia por cuarta ocasión el 10 de enero de 2017. Y el 11 de enero incluyó a Berríos en otro Acuerdo Presidencial, publicado el 16 de enero de 2017, mediante el cual nombró a todos los integrantes de su gobierno.
Es evidente que Daniel Ortega hizo a Berríos parte de su gobierno que, el pasado mes de marzo, el Papa calificó como una “dictadura grosera”. Sin embargo, cuando Berríos aceptó el nombramiento en el 2015 ya el mundo conocía la catadura de Daniel Ortega y que Nicaragua transitaba por el camino de la autocracia. A pesar de ello, el PIP hizo de Daniel Ortega uno de los padrinos de la causa de independencia para Puerto Rico.
En su comunicado de prensa del 2 de febrero de 2015 el PIP informó que el nombramiento de Berríos como asesor de Daniel Ortega había sido “ad honorem”. Pero eso no surge del Acuerdo Presidencial 23-2015, ni del anuncio que el 30 de enero de 2015 hizo la hoy Vicepresidenta Rosario Murillo, y tampoco del reportaje que en esa misma fecha publicó el portal sandinista El 19 Digital.
Generalmente un Asesor del Presidente percibe un salario. En octubre de 2022 el portal Nicaragua Investiga publicó que había detectado 27 asesores presidenciales y reveló sus salarios excepto los de cinco de ellos, entre los que estaba Berríos, porque no figuraban en la planilla del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que le fue filtrada a ese medio.
Cuando Daniel Ortega no ha querido que uno de sus funcionarios reciba compensación ha dispuesto en el Acuerdo Presidencial que el nombramiento se hacía “sin goce de salario”. Por ejemplo, mediante el Acuerdo Presidencial 01-2012 el Comandante Ortega nombró la Vice-Ministra de la Familia, Adolescencia y Niñez, el Asesor del Presidente para Turismo, Vivienda e Infraestructura, y el Secretario General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “sin goce de salario”. Sin embargo, esa frase está ausente de los dos Acuerdos Presidenciales mediante los cuales Daniel Ortega nombró a Berríos.
Se dice que Berríos fue, en tiempo pretérito, asesor de Daniel Ortega. Pero, ¿cómo y cuándo dejó de serlo? Berríos pudo haber tenido un cargo de conciencia y renunciado al igual que lo hizo el abogado Paul Reichler a representar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En su carta al Comandante Ortega, fechada 2 de marzo de 2022, Reichler expresó: “mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos”. Si Berríos hubiera renunciado, el hecho hubiera sido ampliamente difundido por los medios de noticias, pero no es posible constatar mediante una búsqueda en el Internet que el nombramiento de Berríos fuera dejado sin efecto por renuncia, ni por destitución.
Al buscar “www.lagaceta.gob.ni ‘Rubén Ángel Berríos Martínez’” en Google, solamente pueden encontrase los dos Acuerdos Presidenciales mediante los cuales se efectuó el nombramiento. La búsqueda no arroja Acuerdos Presidenciales para dejarlo sin efecto. En vista de ello, ¿no es razonable inferir que Berríos continuó siendo asesor de Daniel Ortega al menos hasta haber finalizado su cuarto término? ¿Lo es hoy? Y, tomando en cuenta que los Acuerdos Presidenciales no dispusieron que el nombramiento se hizo “sin goce de salario”, ¿no es razonable sospechar que Berríos ha recibido un salario del gobierno de Nicaragua?
Lo fácil para los líderes del PIP sería descartar esas interrogantes recurriendo al “spin” político de siempre. Es previsible que las cataloguen como miedos infundados de un bipartidismo amenazado, o alarmismos anacrónicos de la guerra fría. Pero los puertorriqueños merecen que el candidato a la gobernación del PIP, y por la Alianza de País, se exprese sobre ellas con claridad y apego a los hechos. A la mayoría de los puertorriqueños le causaría intranquilidad que un partido político que aspire a ganar la gobernación esté atado a un gobierno extranjero, y más si se tratara de un régimen dictatorial. La mayoría de los puertorriqueños valoramos nuestro sistema político y no estamos dispuestos a ponerlo en riesgo.