Ha sucedido otra vez. El nuevo Plan Fiscal sugerido contempla una nueva reducción en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Un anuncio que para aquellos que amamos ese centro educativo y que le debemos nuestro presente profesional, supone una premonición dolorosa. Un augurio terrible para el que además nos servimos de las muestras que nos brinda el pasado reciente. Si los recortes continúan, la universidad de todos los puertorriqueños dejará de existir como la conocemos.
Las señales están en la pared. Múltiples programas académicos han recibido alertas sobre lo que podría ser su acreditación de continuar los recortes presupuestarios. Alertas ancladas en una ecuación sencilla: para mantener sus certificaciones es preciso garantizar una oferta académica de excelencia. La UPR no es un colegio técnico. Por lo tanto, su presupuesto operacional no debe ser el de uno de ellos. Por esto –por esos recortes constantes- se ha perdido en parte el programa de neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas. Los recortes en los recursos académicos han provocado que la certificación se pierda y, en definitiva, ello nos deja con un país que no podrá graduar neurocirujanos hasta el año 2032. Eso si la Universidad puede volver a presentar –y se le acepta- una nueva propuesta de programa. No poder graduar profesionales en la neurocirugía en medio de la crisis por la falta de médicos que vive la isla es agregarle sal a la herida.
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Ya bien sea por faltas administrativas o exceso de recortes -o una combinación de ambas- programas como tecnología radiológica han recibido señalamientos de alerta. Lo mismo que el propio Recinto de ciencias médicas que en 2022 recibió señalamientos de la Middle States Comission on Higher Education cuya acreditación ha estado en la mira por un posible incumplimiento de los estándares académicos esperados. A lo anterior súmese que este año natural se reportó el cierre de unas 600 secciones de cursos de la Universidad a niveles graduado y subgradado, lo que también podría incidir en la evaluación de la acreditación, según han adelantado los portavoces de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios.
Lo sé. Se trata de un problema complejo que no solo se ancla en los recortes sino también en décadas de inercia administrativa. De resistencia a los cambios y de esa burocracia que solo retrasa la toma de decisiones. Para mi resultó particularmente sorprendente ver cómo a las puertas de la pandemia el sistema apenas estrenaba un programa de educación “a distancia” cuando sus pares del mundo privado ya echaban mano de esa herramienta para maximizar su fuente de alumnos más allá de las fronteras locales. Igualmente lentos han sido los procesos de revisión de programas académicos para adecuarlos a las exigencias del mercado laboral sin que ello suponga ni remotamente una baja en calidad. Tampoco ayuda el nuevo perfil demográfico de la isla en el que los jóvenes son casi una especie en peligro de extinción.
Pero aún reconociendo que deben atenderse variables de índole administrativa, no podemos ignorar el efecto que los recortes presupuestarios tienen sobre el sistema. Desde la llegada de la Junta Fiscal el Sistema UPR ha experimentado más de $500 millones en recortes presupuestarios No conforme con ello, el presidente de la institución adelantó que los recortes siguen para el próximo presupuesto que arranca en verano con la expectativa de $40 millones adicionales que le serán sacados para inyectar la Red Sísmica. Según el presidente, el mínimo presupuestario para operar eficientemente es de $600 millones, así que ello nos deja el actual presupuesto con un déficit que podría rondar los $150 millones.
¿La justificación? Para la Junta Fiscal el índice de inversión del estado en la isla excede el de sus pares en los Estados Unidos y el costo de matrícula es muy inferior. Esos datos podrían convencer a alguien si se evalúan sin el contexto adecuado: el costo de vida y los índices de pobreza/ ingreso per cápita locales que son, por mucho, inferiores a los estados. La UPR es más barata porque tiene que serlo si quiere ser una alternativa de movilidad social para miles de personas.
El Gobierno y los candidatos potenciales a puestos electivos han dicho, al menos en el discurso, que se oponen a nuevos recortes. Ahora solo falta poner la acción donde se pone la palabra. La defensa debe ser enérgica; contundente. Las palabras, sin acciones que las respalden, son poco menos que basura absolutamente desechable.
