Hace unos días, dialogamos con varios alcaldes sobre los retos que se avecinan ante la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a mantener ciertas entradas de fondos del gobierno central. La JSF lleva años advirtiendo que esto ocurriría y la pregunta es: ¿quiénes se prepararon?
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“Que la Junta empiece a trabajar lo que yo no he oído por mucho tiempo, que es cómo achicamos el gobierno central, que hay muchas agencias que ya no tienen razón de existir; hacer una redistribución de ese dinero hacia los municipios, que son los que están haciendo el trabajo y se los puedo garantizar”, dijo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.
En el diálogo establecí que Puerto Rico tiene 3.1 millones de habitantes y lo comparé con la ciudad de Nueva York, que tiene 8.4 millones de habitantes. El alcalde de la ciudad de Nueva York gana $258,000 anuales. Nuestra isla tiene 63 % menos habitantes que NYC, pero nos tiramos al cuerpo 99.5 % más en salarios que la misma ciudad en el pago de 78 salarios de alcaldes. Eso no cuadra. ¿Quién puede justificar algo así? Solo los 78 alcaldes que reciben los salarios.
Pregunté si la receta de achicar el gobierno central se puede aplicar a los municipios. ¿Respuesta? “Se pueden hacer consorcios, ¡claro que sí!”, dijo el mandatario de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Señores, ¿desde cuándo estamos escuchando de los municipios que se pueden hacer consorcios? ¿Los han hecho agresivamente o tímidamente? Si la respuesta es que se han hecho y las cosas siguen empeorando, pues puedo pensar que las que se han hecho son propuestas muy tímidas.
Expuse que los déficits municipales han sido por mala administración y me batearon que que son heredados. La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, indicó que cuando ella entró, en el 2017, el déficit en Loíza era de $10.9 millones, y que al día de hoy está en $1.2 millones. Eso quiere decir que ella ha pagado $9.7 millones. Esa cantidad, dividida en sus 6 años de pagos, son $1,616,000 por año. Si le quedan $1.2 millones y paga por año $1.6, pues en unos meses elimina el déficit y podrá destinar ese dinero para las necesidades de los loiceños. Obviamente, eso no resuelve todos los problemas de Loíza, pero es casi un 20 % del presupuesto que se libera una vez elimine el déficit en unos meses.
Nazario recordó que la ley PROMESA estableció que hay que proteger los servicios esenciales. A esto, el compañero Víctor Rivera Hernández le preguntó qué son servicios esenciales. A la pregunta, el alcalde García Padilla destacó, a modo de ejemplo, que hacía unos días a una señora le dieron una cita con un cardiólogo para el mes de julio y que el municipio se ha tenido que echar encima ese tipo de asuntos, habló de las condiciones de las carreteras, amas de llaves, recreación y deportes… Mientras tanto, el alcalde de Comerío, Josian Santiago, dijo que eran muchos más.
Primer punto: creo que los alcaldes, a estas alturas, no han definido de manera uniforme qué son servicios esenciales. Eso va a llegar al tribunal en su momento y no pueden estar con 20 definiciones distintas. Aunque hay unos elementos en común, cada cual le añade o le quita, y eso será un problema a la hora de defender lo que son los servicios esenciales en el tribunal. Hay alcaldes que han incluido hasta el pago del ataúd de un fallecido y el pago de medicamentos de ciudadanos como servicios esenciales. ¡Claro que son cosas de mucha importancia! Pero me temo que, con lo que han expresado y cómo lo han expresado, podrían poncharse en el tribunal. No me sorprendería que incluyeran la paz mundial como servicio escencial que tienen que atender. Deben definir de manera uniforme, no tener 78 variaciones.
En segundo lugar, tuvimos a mi querido hermano Alejandro García Padilla como gobernador mientras su hermano Juan Carlos era alcalde, y no recuerdo haber visto que se radicara, con probabilidad o no de aprobarse, un proyecto que delegara las responsabilidades y los fondos del gobierno central a los municipios. Es más, tenemos una primaria para presidente del PPD con dos alcaldes como candidatos que anunciaron aspirarán a la gobernación, y tampoco he escuchado propuestas agresivas de ellos que vayan dirigidas a restarle poderes decisionales y económicos al ejecutivo para dárselos a los municipios. Ahora, suponiendo que sí lo hicieran, y viendo los desastres financieros de muchos municipios, las obras faraónicas que se convirtieron en elefantes blancos y demás… ¿Los imaginan con mayores poderes y dinero? De hecho, ¿cuánto dinero han botado los alcaldes en obras inservibles o de poca vida útil? ¿Ese dinero se pudo usar para servicios esenciales? ¿O me van a decir que una pista de patinaje sobre hielo y un teatro cerrado por falta de piezas teatrales son servicios esenciales? No todos los alcaldes son Ramón Luis ni Tato, José Carlos… Los alcaldes exitosos son los menos. Entonces, ¿por los menos vamos a soltar la pluma de dinero a los que no saben administrar? Yo sé que algunos municipios pueden dar mejores servicios que el gobierno central, pero no son la mayoría.
El alcalde Maricao, Wilfredo “Juny” Ruiz, estableció en Jugando Pelota Dura (TeleOnce) que si no le quitan dinero a unos municipios y se los pasan al suyo, que es el modelo del fondo de equiparación, “no hay manera de que Maricao, no importa los ajustes que se hagan, pueda generar ingresos para dar servicios”. Es ahí donde uno se pregunta: ¿y entonces qué hacemos con este municipio, si no tiene manera de mantenerse?
En días pasados, la Junta de Supervisión Fiscal anunció que sí está dispuesta a dar más dinero a los municipios, pero solo a los que cumplan con establecer iniciativas de crecimiento económico. En lugar de hablar de dichas iniciativas, los alcaldes que he escuchado han ignorado ese aspecto y volvieron a las críticas. La única solución que presentan es que no les recorten y que les den más dinero. Está complicado prevalecer ante la jueza Taylor Swain con esa estrategia.
Creo que la JSF tiene claro que por voluntad de nuestros políticos no habrá cambios y sí más endeudamiento. No van a reducir municipios. Me parece que eso vendrá por el método de “asfixia” económica del gobierno federal, representado por la JSF, para los que se sientan a quejarse y no mueven las nalgas para hacer cosas distintas y demostrar que quieren desarrollar económicamente a sus municipios con nuevas ideas.