Si de algo sirvió la pasada semana fue para confirmar lo que muchos dábamos por cierto. La corrupción entre oficiales electos no es una excepción sino un mal tristemente frecuente, a juzgar por la abultada lista de figuras vinculadas a la política partidista que han sido acusadas por la Fiscalía de los Estados Unidos.
El caso que está abriendo la puerta a la develación de ese secreto a voces es el que se sigue contra el exalcalde Guaynabo, Ángel Pérez. Después de meses de especulación, la cortina ha comenzado a descorrerse para revelar eso que parece ocurrir tras bastidores. Un código no escrito que teje una trama de lealtades y favores corruptos con el único fin de elevar figuras al poder y, desde ese poder, llenarle los bolsillos a empresarios y figuras propias del gran capital.
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Aunque aún está por verse cuál será el resultado del pleito contra Pérez, lo que sí empezamos a ver es lo que ocurría a puertas cerradas en el caso del confeso ex alcalde corrupto de Cataño, Félix “El Cano” Delgado.
En voz del propio “Cano”, ha quedado claro que el inversionismo político desde figuras del sector privado viene en gran parte de los casos con la expectativa de lucro. O lo que es lo mismo, quien dona a campañas políticas lo hace siguiendo las premisas de ese código secreto que describía el propio Delgado: “Cuando eres alcalde y hay personas que te han ayudado en campañas TIENES que compensarlos con contratos. Si no se hace, vamos a tener problemas”, explicó en sala. Así, sin empachos. Lo dicho lo “sabíamos” todos pero escucharlo en boca de uno de los protagonistas de ese trueque entre el poder y la codicia no tiene desperdicio. Sus declaraciones echan a la basura todas las justificaciones que durante años han abrazado los partidos históricos para alejarse de las aportaciones privadas de campaña. Quien aporta no solo lo hace por afinidad ideológica o simpatía. Lo hace, en gran medida, porque tiene la expectativa de que el billete que suelta hoy en los bolsillos de un candidato se multiplicará en sus propios bolsillos más adelante cuando ese político llegue al poder. Y esa multiplicación no sólo s e produce cuando hay donativos ilegales de por medio. También se da cuando esos donativos se realizan dentro de los parámetros de la ley. Es sencillo: te doy hoy, me das mañana. Tienes que hacerlo, o si no “vamos a tener problemas”.
En el caso de “El Cano” el inversionismo quedó clarísimo. El empresario Oscar Santamaría comenzó a mantener al exalcalde desde que comenzó coquetear con la alcaldía de Cataño. Desde antes de 2017 le pasaba dinero para sus gastos y para que “se concentrara” en hacer campaña. La victoria de “El Cano” sería la suya propia. Y así fue. Una vez llegado a la silla máxima de Cataño, Santamaría comenzó a cobrar sus años de inversión. Se llevó el contrato para la construcción del CDT y una vez otorgado el acuerdo, hizo fija su “mesada” pagándoles a Delgado $2 mil mensuales. Y a pedir favores que le posicionarán en ruta a cosechar en otros municipios, como Guaynabo. Según Delgado, por petición de Santamaría contrató a la ex jueza Liza Fernández. Un favor personal para ayudar al empresario a entrar en gracia con Pérez.
Las confesiones de “El Cano” puestas en el contexto del resto de los alcaldes y empresarios acusados, corruptos confesos, nos deja una radiografía generosa de la naturaleza del sistema de recaudos de nuestro sistema electoral. Sí: las aportaciones privadas son la puerta de entrada a la corrupción. Lo son, aunque haya quien se empeñe en negarlo.
Ahora, luego de escuchar cómo funciona el esquema con todo el detalle posible, la pregunta es qué harán ahora desde la oficialidad para cerrar esa puerta. En el pasado, siempre que se han presentado propuestas para limitar las aportaciones privadas, se ha levantado (con toda razón en derecho) que nos regimos por las leyes estadounidenses que garantizan al capital privado el derecho a aportar a campañas. Pero como no todo en el mundo tiene solo una lectura legal, ¿Qué tal si añadimos a la ecuación otras variables ancladas en lo correcto y en lo pragmático? ¿Está nuestra clase política dispuesta a encaminar campañas electorales más cortas y acordar el rechazo de los candidatos a dinero que provenga de estas fuentes? Si bien las leyes garantizan el derecho a recibir dinero privado, la ley no obliga a nadie a recibirlo. ¿Están dispuestos a evaluar el financiamiento público como una opción? ¿A fiscalizar con mayor vigorosidad el origen de las aportaciones de campana?
De las respuestas a esas preguntas sabremos si el deseo de combatir la corrupción es genuino o si es solo una frase para llenarle el oído a quien esté dispuesto a escuchar.
