Ya hace unos años, desde esta esquina, he estado conversando con ustedes sobre el problema de gobernabilidad que vive la isla y que aumenta de manera exponencial.
Era anticipable. Hace unos años, a propósito de la llegada de la Junta Fiscal a la isla, el economista Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advertía que la política de recortes y austeridad es sustitución de una de recortes + reformas gubernamentales + DESARROLLO ECONÓMICO, tendría serias consecuencias sobre el país que conocemos. Entre otras, la potencial incapacidad de un gobierno achicado de cumplir con su responsabilidad: ofrecer servicios. Ese escenario ya se ha producido. Lo sabe todo aquel que va a una agencia de Gobierno ha hacer gestiones o recibir asistencia. O “no hay sistema” o no hay personal suficiente (algo que se dice por lo bajo, porque por lo alto podría ser objeto de sanciones). Los tribunales tienen escasez de fiscales. Y sin fiscales suficientes se duplica el trabajo para quienes permanecen en el sistema, al tiempo que aumentan los retrasos en la solución de conflictos.
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También comentábamos en este espacio que una crisis de gobernabilidad podría ser peligrosa porque si los ciudadanos perciben que las instituciones no pueden realizar el trabajo para el que han sido creadas, entonces se les pierde respeto o, en su defecto, habrá quien intente hacer el trabajo. Justo esto ocurrió el sábado en Rincón.
Luego que el Tribunal ordenara a la junta de condómines de Sol y Playa que demoliera la verja construida de manera ilegal, que estableciera que tenía hasta el 1ro de marzo para hacerlo y que, al final de camino, no lo hiciera, los ciudadanos que comenzaron las denuncias decidieron –según ellos mismos declararon- hacer valer la orden del Tribunal. Como consecuencia, se hicieron de maquinaria pesada y comenzaron la demolición. Para muchos, lo hecho no fue otra cosa sino validar la orden violentada del tribunal que puso fecha de expiración a la espera por la demolición. Una extensión de las denuncias ciudadanas que inicialmente fueron ignoradas por el Gobierno que hizo eco de los planteamientos de los dueños y luego probaron ser falsos. Para otros, se trató de una actitud temeraria. Una “práctica inadecuada” que “usurpa” los poderes del Estado. ¿Para qué están los brazos del Gobierno, si no?
Independientemente de la respuesta a esa pregunta o de en qué lado de la opinión pública se encuentre usted sobre la manera en que actuaron los ciudadanos, lo ocurrido hace necesario que pensemos en voz alta sobre si las instituciones están cumpliendo con sus responsabilidades. En este caso, si la fecha límite para la demolición no fue respetada por la junta de Sol y Playa, lo que los expertos han opinado que procedía en ley era que agencias como Recursos Naturales, Permisos o el propio municipio reclamaran que se estaba ante un incumplimiento. Un desacato. Pero ninguna lo hizo. Y la pregunta es, ¿Por qué no? Es, a fin de cuentas, un escenario que se repite con demasiada frecuencia. Son los ciudadanos y no los brazos del Estado los que denuncian el incumplimiento con las leyes que ese Estado está llamado a proteger. Mire lo ocurrido en la reserva en Salinas. O Aguadilla. Han sido los ciudadanos los que han denunciado violaciones a leyes ambientales. ¿La primera reacción del Estado? Validar la ilegalidad o ignorarla, que para el caso es lo mismo. Es evidente que hay un problema que el Estado ha preferido ignorar. Eso o la postura oficial es precisamente jugar a la gallinita ciega apostando a que nadie se dará cuenta de lo que está mal. Ojalá sea lo primero y no lo segundo. Lo primero es más fácil de solucionar. Pero para ello hacen falta recursos y voluntad.
