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El sistema colonial ha permitido que nuestro sistema económico y social estén sujetos a los intereses de los colonizadores, correlativamente en perjuicio de los intereses de nosotros, los colonizados. Desde la época de España, nuestras tierras han sido motivo de interés para personas que vienen a ocuparlas y desplazar a los que en ellas habitamos o trabajamos. Tal desplazamiento surgió por las grandes extensiones de tierra que ocuparon quienes vinieron con la intención de explotar económicamente nuestra Isla. Desde la Cédula de Gracia, nuestro archipiélago ha sido ofrecido al mundo como si se tratara de artículo de catálogo.
Pasamos por el latifundio ganadero, el latifundio azucarero y actualmente vivimos el latifundio urbano. Ya no se trata de ocupar grandes extensiones de tierra para criar ganado o producir azúcar. Lo que estamos viendo es cómo están llegando asentadores a acaparar los espacios donde habitamos los puertorriqueños y puertorriqueñas, nuestros hogares. Casas, apartamentos, edificios completos, cualquier inmueble levanta el interés de los compradores que vieron a Puerto Rico como pieza de catálogo invitados por la Ley 22 para comprar, vender, alquilar o revender y quedar exentos de tributar por las ganancias que les generen dichos negocios. Mientras que el de aquí lo único que puede buscar para comprar es el pasaje a Orlando por la falta de empleo, vivienda y oportunidades.
Una cosa es la inversión, que bien administrada es saludable en un sistema económico, y otra es el paraíso fiscal. En los lugares donde se ha adoptado esta práctica, las consecuencias las han pagado los locales que no son parte de ese paraíso, más bien de un infierno. Cuando vemos que una sola persona es dueña de 20 propiedades en un pequeño sector como Puerta de Tierra y otras ocho en nuestra ciudad universitaria, sin mencionar a magnates como Brock Pierce, es innegable el hecho de que están acaparando el mercado de los bienes raíces reduciendo o eliminando las posibilidades de que las y los puertorriqueños tengamos acceso a vivienda.
Volvimos al mismo lugar que hace 100 años, cuando se hizo necesario limitar la cantidad de tierras a un máximo de 500 acres. ¿Y ahora qué haremos?
