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Recientemente estuvimos en vistas públicas discutiendo el tema de la privatización de la generación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Como parte de nuestro interrogatorio se manifestaron ciertas admisiones de los directivos de la AEE y de los representantes de la privatizadora, que demuestran, una vez más, lo terrible de este proceso.
Desde hace años, un grupo de expertos académicos, ingenieros y científicos de la UPR de Mayagüez describieron y diseñaron el camino para una política pública energética coherente y adaptada a las condiciones geográficas, climatológicas y ambientales de Puerto Rico. Este grupo de profesionales ha corroborado la viabilidad, particularmente de la energía fotovoltaica, que es la conversión de la energía solar en energía eléctrica, en los techos de los hogares puertorriqueños. Los directivos de la AEE admitieron en la vista que al día de hoy no se han reunido a escucharlos para discutir esta propuesta, demostrando una vez más su irresponsabilidad con nuestra Universidad, con sus académicos y con el país.
De igual forma reconocieron que los empleados de la AEE, han logrado en tiempos recientes importantes avances en la estabilidad de la generación de energía, rescatando alrededor de 1,000 megavatios para beneficio del país. Sin embargo, el “premio” por ese esfuerzo es privatizar la generación de la AEE, rechazando la capacidad y el profesionalismo de nuestros empleados públicos.
Los ejecutivos de la privatizadora admitieron que, aunque uno de los argumentos para “premiarlos” con el contrato son sus supuestas estrategias de ahorro en la compra de combustibles, lo cierto es que podrán ganar más de $100 millones al año aunque no consigan ningún ahorro para los consumidores.
Aceptaron que no existe ninguna garantía de permanencia en el empleo para los y las trabajadoras de la AEE que decidan ir a trabajar con ellos. Aquí lo que realmente aplica son las disposiciones de la Ley 80, que en caso de una persona ser despedida ilegalmente solo recibiría una compensación económica sin derecho a reinstalación en el empleo. Una vez más, la obsesión y la sin razón de la privatización de otra función de la AEE es contraria al interés público y en perjuicio de los residentes de nuestra nación.
