Un niño de cuatro años en un cumpleaños. Podría ser uno de los míos o uno de los suyos. Un hijo, un sobrino, un ahijado. Juega como cualquier inocente de su edad, pasándola de maravillas. A muy poca distancia, varios hombres jóvenes buscan resolver una disputa, que según ha dicho el alcalde era de índole personal. Esa disputa, esos hombres, que seguramente tienen hijos también, deciden darlo todo por su causa y sin encomendarse a nadie se disparan entre si en más de 130 ocasiones. Varios de esos disparos detuvieron el cumpleaños y tumbó a tres de los niños. Dos sobrevivieron, uno murió.
Como este suceso, nuestro país ha vivido otros tantos dramáticos en los pasados meses, semanas y días. La violencia callejera parece estar peor que nunca y salir a la calle se convierte en un reto para la mayoría que queremos echar pa’lante y disfrutar de nuestra isla libremente, a cualquier hora.
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Mis preguntas son, ¿Qué estamos haciendo distinto para combatir un mal social que lleva décadas empeorando? ¿Por qué seguimos recurriendo a las mismas estrategias y políticas públicas si evidentemente no funcionan? ¿Por qué no atacamos el problema de raíz, aunque ello sea políticamente menos atractivo porque no supone resultados inmediatos?
Muñoz Marín creo los caseríos para llevar a la ciudad a los marginados y campesinos. Creó embargo, sectores segregados y agudizó la pobreza. Décadas después, ante un problema que se había salido de las manos y tras muchas administraciones gubernamentales que desatendieron el tema, en los ‘90, la administración de Pedro Rosselló implementó la “mano dura contra el crimen” como estrategia. Ello suponía impactar los residenciales públicos con mega operativos mediáticos que incluían a la Guardia Nacional, ocupaciones militares temporeras de esos sectores y supuestas intervenciones de índole social. El resultado fue contrario a lo esperado. Los puntos de drogas y el trasiego de narcóticos salieron de los caseríos donde se encontraba principalmente, mudándose a los campos y urbanizaciones, utilizando técnicas más sofisticadas de distribución.
En las décadas del 2000 y 2010 no ocurrió nada dramático en cuanto a la lucha contra el crimen, más allá de la legalización de la marihuana. Los políticos adoptaron medidas inmediatas utilizando la tecnología para combatir el crimen como “ShotSpotter” bajo García Padilla o emular -sin éxito en el caso de Carmen Yulín Cruz- estrategias extranjeras como la del “broken window” que tuvo éxito en Nueva York bajo la administración de Giuliani.
Es momento de olvidarse de buscar resultados inmediatos con propósitos electoreros y trabajar por conseguir que futuras generaciones tengan el país que necesitamos.
La educación tiene que ser la prioridad de Puerto Rico. Mejorar nuestro sistema escolar, ponerlo al más alto nivel, reforzar valores como el de la solidaridad y el amor por nuestra tierra, nos dará la población que necesitamos para arreglar otros tantos problemas como el de la economía y la seguridad pública. En lo inmediato, intervenciones sociales con profesionales de la salud mental y trabajadores sociales de manera masiva podrían atenuar el problema.
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Recordemos el caso de Loíza donde dos barrios tenían rencillas inexplicables y que venían arrastrando de generación en generación. Un trabajo silencioso y de base comunitaria de Taller Salud apaciguó enormemente la tensión allí.
El domingo pasado fui a ver con mi esposa Priscilla y mi hija Lena, de 9 años, la puesta en escena de West Side Story. Miraba el relato de los boricuas que tuvieron que emigrar en la década del 1950 en la búsqueda de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. Hoy, poco más de 70 años después de aquella coyuntura histórica, seguimos buscando un país en el que podamos asegurarles a nuestros hijos relativa paz y verdades oportunidades de progreso.
Quienes gobiernan y son responsables de crear y ejecutar política pública no pueden quedarse lamentando estos sucesos como vimos ayer. Necesitamos más.
Que sea esta la prioridad en nuestra agenda de pueblo.
