El Plan de Ajuste (PDA) de la deuda de la AEE presentado por la JSF, no es en el mejor interés de Puerto Rico (PR). El PDA impone una carga discriminatoria adicional sobre las familias y los sectores productivos de PR, afectando directamente nuestra capacidad de poder emprender y desarrollar nuestra economía en un mundo que se transforma ante nosotros, colocándonos en una posición, no tan solo desventajosa, sino de indefensión. ¿Por qué?
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Vivimos como pueblo un momento decisivo, en el cual todos tenemos la obligación moral de poner nuestro esfuerzo y dedicación en desarrollar una visión de crecimiento económico para nuestras familias y comunidades insertándonos en el comercio a nivel mundial, como exportadores de bienes y servicios, y no meramente como destino de la producción de otros. El mundo se transforma ante nuestros ojos, y el juego económico mundial mira el 2030-2040, mientras nosotros andamos mirando al 1950.
La transformación geopolítica que se está dando ante nuestros ojos, en donde a todas luces se reconstruyen bandos de fuerzas militares/económicas a través del mundo, va teniendo un gran efecto en la economía global. Lo anterior ha puesto a los grandes actores económicos a sopesar los beneficios de la integración política y la interdependencia económica, en comparación con los riesgos que dichas políticas tienen sobre la seguridad nacional de cada país. Así, la Unión Europea busca incesante asegurar sus fuentes de suplido energético de manera tal que pueda ir reduciendo su gran dependencia del gas ruso, mientras que las multinacionales norteamericanas están reduciendo sus operaciones en China para asegurar sus cadenas de suministros.
Estos cambios a nivel global representan una oportunidad para que Puerto Rico no tan solo atraiga nueva inversión extranjera, sino que desde aquí pueda exportarse bienes y servicios aprovechando esas nuevas relocalizaciones productivas y de mercado. Ahora bien, para que PR pueda hacer esto necesita que su sistema de generación y transmisión energética sea uno confiable, con precios razonables en comparación con las jurisdicciones que están en nuestro entorno competitivo. Lo anterior es lo que beneficia a PR y, por consiguiente, debe ser el norte de todo proceso de negociación de la deuda de la AEE.
De manera sucinta, el PDA de la AEE implica que Puerto Rico comprará a los bonistas el sistema de producción-transmisión y distribución de energía de la AEE por aproximadamente $5.4 billones. Eso es una transacción perdidosa, ya que el valor real actual de la AEE está en el valor de la tierra, derechos de paso, tendidos eléctricos, clientes, etcétera. La realidad, estamos ante un valor en liquidación – aunque no se le quiera llamar así.
Si el PDA fuese aceptado como está, para que Puerto Rico pueda contar con un sistema de energía confiable a precio razonable LUMA tendría que ser llamada, y obligada, a encontrar eficiencias en la transmisión y distribución. A su vez, el próximo operador de la generación, que no conocemos, pero aparentemente está relacionado a la corrupta New Fortress, tendría que ser altamente eficiente. Todos sabemos que lo anterior es una fantasía, pues la administración gubernamental de Pierluisi no ha demostrado liderazgo alguno en su trato con LUMA, y New Fortress campea por su respeto. Como si esto fuese poco, los fondos de reconstrucción tendrían que desembolsarse con rapidez para que las nuevas instalaciones de generación, transmisión y distribución provean la eficiencia necesaria que permitan que se pueda sobrellevar el peso del lastre de este PDA, e impedir que se asfixie la economía de Puerto Rico. Así estarán las cosas si esto se aprueba.
Por otra parte, las declaraciones de David Skeel, presidente del JSF, parecen abrazar la máxima jurídica “mejor un mal acuerdo que un buen pleito”. Para Skeel, hay que seguir. Por su parte, el “representante de los bonistas” en la Junta – Justin Peterson – votó en contra del acuerdo por tratar injustamente a los bonistas. Las lealtades están claras.
Ante esto, ¿quién es leal a los intereses de nuestras familias y comunidades? En ausencia de una transacción razonable, y esta no lo es, Puerto Rico no tiene otra alternativa que continuar el litigio. Esto no es un acuerdo cualquiera, Puerto Rico se juega su viabilidad como economía y país. ¡Ni un impuesto más!