¿Qué es lo que oculta la Junta?

La Junta de Control Fiscal no quiere ser transparente con los ciudadanos que pagan sus operaciones. Y ahora, su falta de transparencia será juzgada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Esa es la mejor manera de describir la situación actual. Sucede que el ente creado por el Congreso de los Estados Unidos bajo la Ley PROMESA , ha asumido una postura de negación ante los requerimientos de información pública que se han lanzado desde diversas organizaciones locales y estadounideses, principalmente el Centro de Periodismo Investigativo, CPI. En concreto, el CPI ha litigado desde 2018 para que la Junta entregue documentos que fundamentan sus determinaciones y exigencias relacionadas a recortes y sus planes fiscales recomendados. Documentos que cualquier gobierno que se precie de democrático y transparente habría hecho públicos. Pero la Junta ha dicho que no quiere entregarlos. Y para defenderse ha acudido -con dinero de los contribuyentes- hasta el mismísimo Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por su puesto, todo el litigio para no hacer públicos los documentos es pagado con dinero del pueblo que se beneficiaría de esa la transparencia ausente. Inmoral es poco.

A ver si entendemos. La Junta Fiscal, creada por legislación del Congreso de Estados Unidos con el poder de pasarle la aplanadora a las leyes y constitución local, se niega a ofrecer información que explique sus decisiones a pesar que las mismas terminan estableciendo política pública y que sus recursos salen del dinero de la colonia en quiebra. Ese escenario obliga a que nos preguntemos solo una cosa: ¿Qué esconde la Junta?

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Ya desde 2018 los tribunales han fallado en contra de la Junta y le han dejado claro que debe entregar cualquier documento que se presume público en el contexto de los reclamos del caso. Ahora el Supremo estadounidense ha decidido acoger el caso y lo verá en algún momento de 2023. Para el CPI la decisión del Supremo de acoger el caso es un oportunidad importante.

“Desde el CPI reafirmamos nuestro derecho de acceso a esa información que la Junta de Control Fiscal ha intercambiado con el Gobierno de Puerto Rico. Vamos a seguir luchando para lograr que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que ha estado haciendo la Junta y cómo se han estado tomando decisiones”, ha dicho Carla Minet, directora de la entidad local. Y es que la transparencia de todos aquellos que toman decisiones que nos afectan a todos es esencial. La Junta nos debe a todos el contexto completo de sus decisiones porque a todos nos afectan.En el pasado esa entidad ha recurrido al “porque yo lo digo” cuando se le piden explicaciones que aclaren sus determinaciones. Pero no las explican en una postura que se explica con su argumento legal en el que reclaman “inmunidad soberana” bajo la constitución de los Estados Unidos.

Bajo ese argumento los puertorriqueños seguimos sin poder tener acceso a los procesos de toma de decisiones. Seguimos a oscuras a pesar que a la vista se asoman importantes conflictos de interés. Como por ejemplo, el que supone el hecho que a firma de consultoría financiera McKinsey & Co. es el principal asesor de la Junta de Control Fiscal mientras, al mismo tiempo McKinsey Investment Office Partners, una subsidiaria, es dueña de por lo menos $20 millones en bonos de Puerto Rico,según reveló recientemente The New York Times. ¿No es ese un claro conflicto de interés? Y ese es solo uno de los que conocemos. Entidades como Espacios Abiertos también han insistido en que la Junta ha decidido no ser transparente a la hora de presentar la información financiera de sus integrantes y al detallar si los integrantes de sus unidades familiares tienen intereses con el Gobierno o se han beneficiado de sus determinaciones.

En fin, que quien nada debe nada teme. Dice mucho y muy mal de ese ente congresional que decida defender su oscurantismo en los tribunales con dinero del pueblo a quien le debe transparencia.

También dice mucho la indiferencia del Congreso ante su propia criatura. ¿Es el silencio congresional su forma de darle luz verde a sus determinaciones sin que para ellas medie la divulgación de información que debe ser pública? Ya es momento de hablar claro.