El Departamento de Justicia enfrenta una crisis. Lo quiera o no. El detonante han sido las explosivas acusaciones de la fiscal Betzaida Quiñones es quien ha minado la credibilidad del sistema con la bomba de la duda.
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La mujer afirma que la exsecretaria de Justicia y exgobernadora constitucional Wanda Vazquez junto a la jefa de fiscales, Olga Castellón, le ordenaron la paralización de dos casos importantes.
El primero de ellos, el del trapero Kevin Fret quien fue asesinado en enero de 2019 sin que al día de hoy se haya esclarecido. El segundo, el caso del abogado Carlos Cotto Cartagena, quien apareció muerto en su apartamento en Miramar. Cotto murió a muy poco de testificar en el famoso caso de la llamada “Viuda Negra”, Aurea Vázquez Ríos, y nunca se ha sabido si fue un asesinato o un suicidio.
La acusación de la fiscal ha hecho que se desborde el vaso de la desconfianza pública. Si bien está por verse si lo dicho por la fiscal es cierto o no, lo que sí es cierto es que los dos casos presentan circunstancias poco claras. Ninguno ha sido esclarecido y ambos son casos de alto perfil; uno de ellos incluso vincula a figuras de calibre internacional como el cantante Ozuna, quien inicialmente fue considerado como potencial sospechoso, según la Policía.
Por eso, en medio de estas circunstancias, la duda tiene un peso importante. Tanto que de no ser esclarecida de manera correcta, tendrá el efecto de sembrar una duda que puede ser letal para la confianza ciudadana en el proceso de lograr “justicia”en la isla. Y esas no son buenas noticias.
De entrada, Wanda Vázquez ha negado las imputaciones. Pero evidentemente ello no es suficiente. Tanto como el hecho de que como norma general, los ciudadanos desconfían de la palabra de la clase política.
Por lo pronto, el secretario de Justicia Domingo Emanuelli ha optado por ordenar una investigación. De la forma en que esa investigación sea manejada y de su resultado, dependerá en gran medida la respuesta a la pregunta de si el efecto de las acusaciones en la opinión pública será permanente.
Hoy los señalamientos ya tienen una carga muy pesada sobre el sistema. En el pasado, otras ramas del Gobierno no han podido escapar al escarnio producto de sus propias faltas y, como consecuencia , ha llegado la desconfianza. Si ocurre lo mismo con Justicia, entonces quedará muy poco del Gobierno como institución cimentada precisamente en la confianza de los ciudadanos. Si lo dicho fuera cierto o, en su defecto, si no pudiera probarse que no lo es, las preguntas serán muchas ¿En quién se puede confiar para hacer justicia? ¿A dónde puede acudir un ciudadano regular para adjudicar controversias o penalizar faltas? ¿Pueden el poder y el dinero frenar el proceso de hacer justicia en la isla?
De entrada, la encomienda de despejar las dudas es enorme. No solo por los señalamientos de la fiscal sobre Justicia sino por la admisión de la Policía de que el agente encargado de la investigación en el caso de Kevin Fret no cumplió con elementos básicos en el manejo de evidencia, sino porque además se fotografió con Ozuna, quien para entonces era entrevistado como potencial sospechoso.
Las alegadas faltas de la investigación policial son tales que la pesquisa “tiene que empezar desde cero”, según los portavoces de la Policía. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo puede comenzar desde cero una investigación con tales fallas? ¿Hay escena para fotografiar? ¿Se custodiaron adecuadamente los elementos de potencial prueba? ¿Será efectiva la nueva ronda de entrevistas?El reto de Justicia es enorme y las consecuencias de fallar en el intento de despejar las dudas, pueden ser dolorosas para un Gobierno que, como institución ya se encuentra languidecido y que no necesita golpes adicionales. Ya lo dice aquel viejo dicho: vamos a ver si el gas pela.