El problema de la restructuración de deuda de la AEE es que se está llevando a cabo en laboratorio legal, sanitizado por completo de toda consideración de la realidad económica de Puerto Rico, a puerta cerrada del problema demográfico serio que enfrenta la Isla, y de la transformación de las operaciones de dicha corporación que va corriendo paralelamente, pero sin encontrarse una con otra. Este proceso de negociación tiene todos los elementos para desembocar en el último desastre que salga de la Chardón con relación a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, y sus corporaciones, a la luz de la Ley PROMESA.
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Lo anterior se evidencia por la última propuesta hecha por la JSF a los bonistas a nombre del gobierno de Puerto Rico de un cargo de conexión a cada cliente de la AEE de $23.00 mensuales por los próximos 50 años. Oferta que conllevaría un alza por kilovatio hora de cerca de 3 centavos por los próximos 50 años. Esto es casi lo mismo que estaba contenido en el acuerdo previo con los bonistas y que el gobierno de Puerto Rico había retirado por encontrarlo irrazonable. Queda claro que la JSF pretende divorciar la restructuración de las finanzas de la AEE de la realidad de Puerto Rico y de la operación de la empresa. A su vez, queda claro que los bonistas se sienten seguros en que terminarán obteniendo más.
Aquí hay que tener algo claro, los bonistas no ven en la AEE la fuente de repago para su acreencia. Actualmente la AEE son cables, torres, postes y plantas generatrices que no llega ni a cubrir una tercera parte de la deuda. En cualquier proceso de quiebra de cualquier corporación los acreedores cobran de los bienes de la corporación. Si le prestas a una corporación, quien paga es la corporación. No obstante, estos bonistas no les interesa cobrar de los bienes de la AEE, sino que les interesa cobrar de los clientes de la AEE, esto es, los bolsillos de la familia puertorriqueña. Esa es la fuente de repago que estos tenedores de bonos, que los compraron a precio de pescado abombado, vienen a buscar. Un bolsillo que no tienen capacidad de pagar un impuesto adicional. La deuda de la AEE tiene que reducirse sustancialmente. La meta tiene que ser lograr una reducción de no menos de un 75% de la misma. Cualquier otra cosa sería totalmente insostenible para los puertorriqueños.
Lo mas triste de todo esto es que mientras la familia puertorriqueña carga con el imperioso peso de esta deuda y la de COFINA, AAA, DTOP y los bonos generales, hay empresas como McKinsey que campean por su respeto habiéndole facturado a la JSF, esto es a Puerto Rico, más de 120 millones de dólares en honorarios por la redacción de los planes fiscales y otros asuntos periféricos como la asesoría en el proceso de privatización y transformación del sistema energético de la Isla. A su vez, esta misma empresa asesora a Quanta, una de las empresas que componen el consorcio de LUMA que se llevó el contrato de 1.5 billones para administrar el sistema de transmisión y distribución de energía. Asesoran a Eco Eléctrica LP y a Naturgy Energy Group que opera una planta de generación aquí en Puerto Rico y que tienen un contrato de 9 billones con la AEE para generar energía y proveer gas natural. Asesoran también a PUMA Energy Caribe, LLC que en los últimos 4 años han obtenido 2.1 billones de dólares en contratos aquí en Puerto Rico. McKinsey también asesora a la compañía dueña de New Fortress Energía LLC, a quien se le otorgó un contrato de 1.5 billones en el 2019, para transformar dos plantas generatrices de la AEE en San Juan. Asesoran también a AES Corp, quien tiene contratos con la AEE y opera una planta generatriz en la Isla. Lo único que falta por descubrir es que McKinsey asesora a la empresa de salchichas que se cuela por donde quiera.