Nuestra responsabilidad como funcionarios electos, a nivel estatal o municipal, es conocer de primera mano las situaciones particulares que viven nuestros representados en aras de atender sus reclamos y necesidades de manera firme, responsable y justa. Por años ha quedado demostrada la importancia de los municipios en la provisión de servicios esenciales y en momentos de emergencia. De eso no hay duda.
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Hoy se vuelve a repetir la historia a casi dos semanas del paso del Huracán Fiona. Esta vez, la compañía encargada de restablecer el servicio de energía eléctrica es un contratista privado del gobierno, LUMA Energy. Sin embargo, amparados en el Código Municipal de Puerto Rico, alcaldes como el de Aguadilla e Isabela, entre otros, iniciaron un modelo parecido al que estableció el Municipio de San Sebastián luego del paso del Huracán Maria, para responder a la lenta recuperación del sistema eléctrico. El Código Municipal de Puerto Rico, en su artículo 1.018, faculta a los alcaldes para reparar los sistemas eléctricos, así como de agua potable en sus respectivos municipios. La respuesta de LUMA a esta determinación de los alcaldes fue amenazarlos con procesos legales y hasta con dejar a oscuras comunidades cuya infraestructura eléctrica haya sido reparada por brigadas municipales. ¡Que barbaridad!
Por esto varios legisladores y legisladoras le solicitamos al Departamento de Justicia de Puerto Rico que se abstenga de intervenir con los alcaldes y las brigadas municipales que por necesidad han tenido que crear. Puerto Rico necesita unidad de propósito y trabajo en equipo. Obstaculizar el trabajo de los alcaldes y/o de cualquier entidad que busque llevar servicios esenciales a nuestra gente es inaceptable. Que no olvide LUMA, que de continuar con su intención no estará luchando contra los municipios o los alcaldes y alcaldesas; estará luchando en contra de todos los puertorriqueños.