La vista pública del pasado martes en la Cámara de Representantes demostró, una vez más, la inmensa y crasa negligencia del Gobierno de Puerto Rico en la administración, supervisión y fiscalización del millonario contrato que posee la empresa LUMA para operar la transmisión y distribución de la energía eléctrica en todo el país.
Las leyes del 2009 y del 2018 que establecen los procedimientos para la privatización de la AEE, imponen la responsabilidad indelegable a la Administración de las Alianzas Público-Privadas de supervisar el contrato y, el martes, básicamente admitieron que no cumplen con las leyes.
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Primero despachan el asunto señalando que están “subordinados” al Negociado de Energía, lo que es falso, tanto por lo que expresa la ley, como lo que expresa el contrato. Segundo, transcurrido un año y medio de la entrada en vigor del contrato, la agencia no tiene un plan para fiscalizar el mismo como requiere la ley. Tercero, no tienen un solo empleado que tenga el peritaje y la preparación académica para poder fiscalizar el contrato y evaluar la información provista por el Negociado de Energía. Cuarto, la AEE -que si tiene el peritaje- fue “sacada” del panorama por la pasada Legislatura en lo que respecta, precisamente, a la supervisión del contrato, ello a pesar de las consecuencias que provocan las negligencias de LUMA en las plantas generatrices.
Mientras todo esto ocurre, LUMA continúa mintiéndole al país. A finales de agosto prometieron que van a reducir las interrupciones del sistema, incrementar las brigadas, mejorar el manejo de la vegetación y reducir los clientes afectados, es decir, lo mismo que prometieron hace más de un año y medio y no cumplieron mientras se llenan los bolsillos con el dinero del país.
Ante este terrible escenario, desde el PIP hemos planteado la urgente necesidad de rescindir el contrato de LUMA por incumplimiento craso y comenzar un proceso de reestructuración de la administración del sistema eléctrico. Se debe reincorporar a la AEE y los empleados que fueron reubicados en otras agencias y aprovechar así su conocimiento y experiencia para fortalecer el servicio.
Hay que adoptar urgentemente, además, la transición al uso de energía renovable, debe designarse un Auditor que supervise, con recursos y manera rigurosa, las acciones del ente que administre el servicio energético con absoluta transparencia.
