Desde el inicio de este cuatrienio, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) hizo un llamado a la entonces recién electa mayoría del PPD en la Legislatura, a encaminar un proceso real e inclusivo para reformar el Código Electoral mutilado por y a conveniencia del PNP en el 2020.
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Nuestro llamado está basado en la urgente necesidad de una reforma electoral verdadera y democrática, que refleje la realidad política actual de múltiples partidos emergentes y restituya la confianza de los electores en el proceso electoral. Aunque cuando se aprobó la reforma electoral del PNP, los populares prometieron su derogación, al día de hoy, como de costumbre, se ha convertido en otra promesa incumplida del PPD.
Ante la inacción del PPD en la Legislatura y ante la amenaza que representa la Ley electoral vigente –que permite que el PNP y el PPD tomen el control total de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y por ende del andamiaje electoral del país- a principios de esta semana las delegaciones del PIP, el Movimiento Victoria Ciudadana y los legisladores independientes José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres, anunciamos una alianza legislativa para impulsar y promover reformas indispensables al Código Electoral.
Una de las propuestas que presentamos al país es la eliminación de restricciones existentes en la ley electoral a las alianzas electorales y candidaturas coaligadas, así como la aprobación de procedimientos razonables para constituirlas.
Además, proponemos una redefinición del balance electoral en la CEE de manera que se promueva la participación y el consenso de los diversos partidos políticos, el derecho a representación de candidaturas independientes y/o write in en etapas fundamentales del proceso electoral y la fiscalización real y confiable de OSIPE, JAAVA y las distintas modalidades de voto de adelantado y ausente para que no se repitan los “horrores” del pasado proceso electoral.
Otras de nuestras propuestas son, un mecanismo multipartita para la selección de la Presidencia de la CEE, la facilitación de requisitos para endosar candidaturas, inscribir partidos y retener franquicias electorales, la ampliación de mecanismos de inscripción de electores a través de oficinas gubernamentales con presencia regional, y por último, la celebración continua por parte de la CEE de actividades educativas e inscripciones electorales en escuelas y universidades.