Contenido del Centro de Periodismo Investigativo
Jahaira Vélez lleva nueve años viviendo en el estado de Florida. Primero se fue su esposo a buscar el trabajo que no encontraba en Puerto Rico. Ella se fue después. Consiguieron un apartamento juntos pero la renta era cada vez más cara. “Lo habían subido demasiado, como de $800 a $1,000″, cuenta Vélez.
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De ahí se mudaron a casa del abuelo de su esposo y después la pareja se separó. Ahora Vélez, original de Arecibo, pueblo costero del norte de la Isla, vive en una casa rodante en Haines City, una ciudad de Florida Central que queda a una hora al sur de Orlando.
La casa rodante es una vivienda prefabricada de dos cuartos. Está asentada en un lote al borde de la carretera junto a más de 60 hogares similares y trailers con motor que se estacionan a corto plazo. Allí Vélez vive con sus dos hijos de 8 y 10 años y paga $1,069 de renta. Para admitir a su mascota, una perrita mini yorkie llamada Muñequita, le cobraron $250, una cuota que tendrá que pagar cada vez que renueve el contrato de alquiler.
En la ventana de una de las casas rodantes del lote, llamado Midway RV Park, se ve una bandera de Puerto Rico color negra, emblema que se ha convertido en símbolo de protestas sociales en los últimos años.
Haines City está en Polk, un condado de 725,000 habitantes en donde viven 57,055 puertorriqueños. Polk es el sexto condado con más población puertorriqueña en Florida, que es el estado en donde vive la mayor cantidad de boricuas en los Estados Unidos: 1,190,891 según la Encuesta sobre la Comunidad del Censo de 2019.
De camino a Haines City desde Kissimmee el paisaje es plano y pantanoso, de un verde intenso que remite a los humedales de Puerto Rico. En los semáforos se intercalan calles que llevan a zonas residenciales invisibles desde la vía principal, construcciones y strip malls que recuerdan al shopping de Rexville en Bayamón, y en donde no falta una pizzería que venda pernil y arroz con gandules.
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En el condado de Polk, que queda a más de una hora de Tampa y a tres de Miami, las rentas de alquiler en general subieron en promedio 53.7% entre 2017 y el primer trimestre de 2022. Un salto de $924 a $1,421. Porcentualmente Polk fue el condado en donde más aumentó la renta durante ese período de cinco años en Florida, reveló un análisis del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a partir de datos de Apartment List, una compañía de búsqueda de apartamentos en línea.
Para el mismo período, el precio medio de la renta residencial subió 38.7% en el condado de Orange, en donde ubica Orlando, la ciudad que concentra la mayor cantidad de boricuas en Florida. Allí el precio de la renta de un estudio se estimaba en $978 en 2017 y en 2022 se estima en $1,356, según Apartment List. La base de datos de Apartment List tiene estimados de precios de renta recopilados desde el 2011. Otras bases de datos solo tienen el precio de venta de las viviendas.
“Es un problema nacional, hay escasez de viviendas de renta asequible en todas las comunidades. Prácticamente ningún estado ni comunidad tiene un inventario adecuado de viviendas de alquiler para arrendatarios de ingresos extremadamente bajos o muy bajos”, dijo Andrew Aurand, vicepresidente de investigación de la National Low Income Housing Coalition, organización sin fines de lucro que aboga por políticas de vivienda asequible en Estados Unidos.
Pero hay áreas de Florida en donde la escasez de vivienda asequible es mucho peor, enfatizó Aurand en entrevista con el CPI.
“Particularmente en áreas como Orlando, o en comunidades donde el turismo es el motor económico principal. Estos lugares tienden a tener una escasez más severa de vivienda asequible porque los trabajos disponibles pagan poco. Así que hay más trabajadores con bajos ingresos y por lo tanto más necesidad de vivienda de renta asequible”, dijo Aurand.
El segundo condado de Florida con un mayor aumento de la renta de 2017 a 2022 fue Hillsborough, donde está la ciudad de Tampa, y representa el segundo condado con la mayor población puertorriqueña. Allí la renta aumentó en 50% durante esos cinco años. Le siguen el condado de Osceola, en donde está Kissimmee, con un aumento de 39%. En el condado de Broward, al que pertenece la ciudad de Fort Lauderdale, el aumento fue de 35%, y en Miami Dade subió un 25%.
“Florida Central [Orlando, Kissimmee, Tampa] tiene la población puertorriqueña más grande de todas las regiones del estado y la población puertorriqueña de más rápido crecimiento en el país. La falta de viviendas asequibles es una necesidad particularmente apremiante aquí. Las familias trabajadoras con salarios bajos no ganaban lo suficiente para pagar los alquileres y ahora con aumentos de hasta 30% en las rentas se enfrentan a perder sus techos”, advirtió Jaimie Ross, directora ejecutiva de la Florida Housing Coalition, organización sin fines de lucro que asesora sobre el uso de fondos públicos para maximizar la disponibilidad y la calidad de vivienda en Florida.
De Nuyorican a Disneyricans
Los puertorriqueños comenzaron a mudarse masivamente a Florida entre las décadas del ‘60 y ‘70 con la desindustrialización de Nueva York y de otros estados del norte que en ese momento eran el destino principal de los boricuas. Además, la recesión de 1973 en Estados Unidos y su impacto en Puerto Rico “empujó a los boricuas de la Isla y de los estados hacia otros destinos”, explicó Patricia Silver, antropóloga autora del libro Sunbelt Diaspora. La apertura de Disney World en 1971 en Orlando como lugar de trabajo también influyó en la migración hacia Floria, señaló el antropólogo Jorge Duany.
Y en 2017 “el huracán María produjo el éxodo más grande de la historia de Puerto Rico, por lo menos en los últimos cien años, hacia los Estados Unidos y concretamente a la Florida, 120,000 según los cálculos del Censo. Y entonces al año siguiente se nota una caída a la mitad, lo cual quiere decir que hay muchas personas que están retornando”, dijo Duany.
Vélez, quien tiene 36 años y es enfermera práctica de profesión, vive en su casa en Haines City hace dos años y al pasar el primero le subieron la renta en $100. Y así, en cualquier momento, podrían subirla de nuevo, como es la práctica de los arrendadores que con cada renovación anual del contrato añaden un aumento en la renta. Alquila su casa con opción a compra, y si la adquiere, podría remolcarla y llevársela a otro lugar. Pero ella no se ve en los Estados Unidos a largo plazo.
“Si la situación sigue como va yo creo que me voy para Puerto Rico otra vez”, dice en la sala de su casa, sentada en un sofá al lado de la puerta del cuarto en donde están sus dos hijos y la perrita. Detrás del sofá está la puerta de entrada a la casa y al otro lado, sin pared divisoria, la cocina. El techo es bajo y cerca del mediodía, a principios de agosto, la luz del sol entra en picada por dos ventanas octogonales que iluminan la sala entera.
La lucha por el control de las rentas
En Florida parte de la escasez de vivienda asequible se puede adjudicar a un aumento poblacional histórico. Entre abril de 2020 y abril de 2021 se estima que se establecieron en el Estado del Sol 329,717 nuevos residentes provenientes principalmente de Nueva York y Texas, según la Oficina de Investigación Económica y Demográfica de Florida. En la última década la población de Florida aumentó en 2.7 millones de habitantes (14%) de 2010 a 2020, según el Censo. El estado sureño atrae a individuos y empresas por el clima y por su política fiscal de exenciones contributivas.
“Florida es un destino turístico nacional. Rodeados de agua por tres lados, con playas de arena blanca y el atractivo de Disney y los grandes destinos turísticos de Florida Central: somos un target para los inversionistas de fuera del estado. Los intereses corporativos están comprando viviendas en Florida para utilizarlas como fuente de ingresos por alquiler. O para mantener la propiedad con la intención de demoler las viviendas por el valor de redesarrollo del terreno”, dijo Ross, quien aboga por viviendas asequibles en Florida desde los 90′s.
La pandemia exacerbó el problema de la falta de vivienda asequible, causando escasez de mano de obra y el aumento en el precio de los materiales de construcción en todo los Estados Unidos. Pero una de sus causas profundas reside en la falta de políticas de control o de estabilización de rentas. También hay leyes locales de zonificación (a nivel de ciudades y condados) que están fuera de la jurisdicción estatal o federal y que dificultan la construcción de viviendas de alquiler, añadió Aurand.
La demócrata Emily Bonilla, Comisionada del Distrito 5 del condado de Orange, propuso que se establezca un tope de 5% en el aumento de la renta por un período de un año. El pasado 9 de agosto los comisionados del condado votaron 4-3 para que los votantes decidan si están a favor de esta propuesta en las elecciones de medio término, que se celebrarán en noviembre de 2022.
En el condado de Orange hay 1,429,908 habitantes, entre ellos 194,663 puertorriqueños, según el Censo.
“La razón por la que traje esta propuesta fue porque vi un alza en las rentas de alquiler al principio del 2020. Y más recientemente han estado subiendo en cerca de 30%. En algunos casos el promedio es incluso de 78% para ciertas áreas del condado de Orange”, dijo Bonilla en entrevista con el CPI.
El 15 de agosto los grupos Florida Association of Realtors, Florida Realtors y Florida Apartment Association demandaron al condado de Orange exigiendo que la propuesta de Bonilla no se lleve a elecciones. Argumentan que el cuerpo legislativo del condado no logró demostrar que existe una crisis de vivienda en Orange. Esto a pesar de que en 2019 el alcalde del condado de Orange, el demócrata Jerry L. Demings, creó el Housing for All Task Force que reconoce que hay una “crisis de vivienda asequible en el condado de Orange”. El Task Force terminó en noviembre de 2019 un plan de acción de diez años que proyecta la construcción de 30,300 nuevas unidades de vivienda allí. En el grupo de trabajo había representantes de otros grupos de Realtors como el Orlando Regional Realtors Association, además del Apartment Association of Greater Orlando y otros de la industria de las bienes raíces.
Los oponentes al control de renta en Orange también argumentan que la propuesta de Bonilla no es válida bajo la ley estatal debido a que “por más de cuatro décadas, las leyes del estado de Florida han impuesto restricciones significativas a los gobiernos locales [de condados y ciudades] para adoptar ordenanzas que tengan el efecto de imponer control de rentas”, según la demanda.
El control de rentas está prohibido en 37 estados, incluyendo Florida. La propuesta de Bonilla se suma a las de legisladores en Tampa y Miami que han considerado declarar una emergencia de vivienda para aprobar leyes de control de renta. En la ciudad de St. Petersburg, en el área de Tampa Bay, hay una organización que promueve un referéndum para que sus residentes también voten sobre la estabilización de rentas por un año.
Para Ross, estas propuestas no son una solución viable al problema de vivienda asequible porque solo proporcionan un año de alivio, dijo al CPI.
En la legislatura del estado, por tres años consecutivos, el senador demócrata de ascendencia puertorriqueña Víctor Torres ha sometido un proyecto de ley que autorizaría a los gobiernos locales (condados y ciudades) a controlar las rentas. Pero hasta ahora no ha tenido éxito. Su propuesta es más abarcadora, pues al ser un senador estatal, aplicaría a todo Florida, a diferencia de las legislaciones a nivel de condados que serían más bien legislaciones municipales. Algunas regulaciones de rentas existen solamente en Washington D.C., New York, New Jersey, California, Oregon y Maryland. En Puerto Rico se sometió este año un proyecto de la Cámara que propone una Ley para la Estabilización de Rentas.
Organizaciones de arrendadores y propietarios, como la National Multifamily Housing Council, se oponen al control de rentas bajo la premisa de que ese tipo de regulación exacerbaría la escasez de vivienda. Añaden que los edificios existentes se deteriorarían y que en los lugares donde no exista el control de renta los precios aumentarían. Sin embargo, el Brookings Institute dice que hacen falta más datos para probar que el control de rentas puede afectar el suplido de viviendas. Por su parte, el Urban Institute coincide en que hace falta más investigación para evaluar la eficacia del control de rentas para resolver el problema de escasez de vivienda asequible.
Lista de espera y desvío de fondos para vivienda
En 2018, en solo dos días, 25,000 personas solicitaron “Cupones para la Elección de Vivienda” en el condado de Orange, dijo la División de Desarrollo Comunitario y Vivienda del condado al CPI. Desde el 2018 la agencia, que se encarga de administrar el programa de alquiler de vivienda con fondos federales conocido como Sección 8, no ha vuelto a abrir un proceso de solicitud por internet.
“Luego de cerrar el proceso de solicitud, hicimos una lotería para seleccionar a 850 solicitantes que pasarían a una lista de espera. Esa es la cantidad de personas que esperamos que estén transicionando de la lista de espera a un cupón (voucher) de vivienda durante un período de cinco años”, explicó la agencia.
“Todavía tenemos alrededor de 250 solicitantes de 2018 en la lista de espera. Sin embargo, ese número no refleja la necesidad de vivienda en el área, sino el total de las 850 personas que fueron seleccionadas en la lotería de 2018 y que aún no han sido atendidas”, añadió.
De las 250 personas que siguen en la lista de espera por un cupón de vivienda de Sección 8 en el condado de Orange, 35% son hispanos (no especifica si puertorriqueños) y 78% son mujeres.
“En Florida se han invertido miles de millones en fondos públicos para programas de vivienda asequible que han ayudado a familias a convertirse en propietarios por primera vez”, dijo Ross.
Carmen Laboy, maestra de 58 años, se mudó de Yabucoa a Florida. Estuvo viviendo alquilando por dos años y luego de ver que la renta seguiría subiendo compró una casa en el área de Poinciana, al suroeste de Kissimmee.
“Yo pagaba $950 de renta y en un año me la subieron a $1,200. El mismo apartamento lo vi un año después por internet y estaba en $1,400. Nada que ver con cuando nosotras empezamos en la Florida. ¿Y quién va a alquilar eso ahora, que lo que tiene son dos cuartos? Ahí fue que dije ‘voy a comprar’ porque por lo menos pago para mí y si decido vender pues las ganancias son para mí”, contó Laboy al CPI.
Sin embargo, con la hipoteca pagaba $1,450. Más el costo de vida siguió en aumento y además le subió el pago del seguro del carro, que en Florida es obligatorio. “La gente habla de lo buena que es la salud pero no le encontré el atractivo tampoco. Yo tengo una nena con impedimentos y fui buscando ayudas para ella y por lo menos yo toqué puertas y todas me pusieron en lista de espera”, dijo Laboy, quien el año pasado vendió su casa de Florida y regresó a Puerto Rico. Ahora vive alquilada en Humacao, donde paga $550 de renta.
En 2017 un 49.5% de los puertorriqueños que residían en Florida eran dueños de sus casas, mientras que 50.5% alquilaba. Las unidades de vivienda alquiladas por puertorriqueños aumentaron sostenidamente entre 2010 y 2017, de 46.7% a 50.5%. Durante el mismo período, el número de casas de propietarios puertorriqueños se redujo de 53.3% a 49.5%, según datos de la Encuesta de la Comunidad del Censo de 2018, analizados por la socióloga Damayra I. Figueroa para el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College University en Nueva York.
En 1992 se estableció por ley una fuente de ingresos conocida como Sadowski Trust Fund, para financiar programas de vivienda asequible que incluyen asistencia en la compra de una casa, reparación de estructuras, financiamiento multifamiliar, mejoras al hogar y asesoramiento en ejecuciones de hipoteca. Pero en los pasados 25 años la legislatura del estado desvió alrededor de $2.2 mil de ese fondo para financiar otros gastos.
“El desvío de cerca de $3 mil millones de los fondos Sadowski hacia el fondo general del Gobierno ha jugado un papel importante en la crisis de vivienda que tenemos hoy”, denunció Ross, quien además de dirigir la Florida Housing Coalition fue una de las impulsoras de la ley que estableció el Sadowski Fund.
La normalización de la crisis
Vélez cuenta que tiene muchos vecinos latinoamericanos en el lote de casas rodantes, como una chofera de guagua escolar puertorriqueña con la que se junta algunas noches para tomar cervezas y jugar dominó entremedio de las dos casas. Pero por lo general allí se vive “encerrado… sales del trabajo pa’ tu casa y ya, y te acuestas y al otro día otra vez al trabajo y así, la rutina”, dice Vélez con tono resignado, comparando Florida con Puerto Rico, en donde dice que “no se vive encerrado”.
Cuando llegó al Estado del Sol primero trabajó como limpiadora de casas en lo que lograba la transferencia de su licencia de enfermera práctica desde Puerto Rico. Su trabajo actual es atender a un niño con necesidades especiales al que tiene que visitar a su casa y cuidarlo 12 horas al día. Dice que para pagar la renta se la pasa “empujando el pote”, entre el carro, la compra, el celular…
Hace ya casi 20 años Michael E. Stone, fenecido profesor emérito de Planificación Comunitaria y Política Pública, observaba que el mercado de vivienda y las bienes raíces estaba creando un tipo de pobreza particular que no tiene que ver con la falta de empleo o de ingresos, sino con el costo excesivo de las viviendas. Las rentas altas “causan que a la gente no le sobre dinero para comida, ropa, pagar deudas y otras necesidades”, apuntó en un estudio de 2004 sobre el problema de vivienda titulado Shelter Poverty: New Ideas on Housing Affordability.
Hoy, el Urban Institute dice que en Estados Unidos existe una “crisis de vivienda asequible”, pero la situación inestable de la vivienda lleva por lo menos cuatro décadas en desarrollo, según el autor Matt Waggoner. En su libro Unhoused, Waggoner indica que un episodio importante de la desestabilización de los “techos seguros” comenzó en 1973, cuando el presidente Richard Nixon firmó una moratoria a las nuevas construcciones de vivienda pública y a los fondos de asistencia al desarrollo comunitario. Desde entonces, y debido a diversos factores, la falta de vivienda asequible se ha agudizado y normalizado de tal manera que varios estudiosos del tema consideran que no se trata de una crisis. Porque “las crisis son transitorias o temporeras”. El problema es, según Waggoner, que los altos precios de la renta no son temporeros sino que son la norma del sistema económico actual.
Aunque no tiene acceso controlado, el lote de casas rodantes donde vive Vélez se siente como una pequeña comunidad encerrada en sí misma al borde de una larga carretera. El patio de su casa es amplio. Sobre la grama verde bien recortada cabría un BBQ, una piscina e incluso un caballo, como le gustaría a Vélez, quien dice que si fuera por ella tendría allí un zoológico. Se conforma con la perrita, dos pajaritos y dos tortugas enanas que reposan al lado del televisor.
La piscina no está permitida por seguridad. El dueño del lote y las casas, al que Vélez no conoce, envía un drone con una cámara que sobrevuela el terreno de vez en cuando para vigilar. Por las noches el lote está bastante oscuro. Pero con todo y sus limitaciones a ella le gusta porque dice que es tranquilo.
