En Puerto Rico el debate sobre la privatización de las empresas y servicios gubernamentales se pierde entre debates ideológicos inmovilistas. Para unos, la privatización es la muerte, la traición y el desagravio. Para otros, la privatización es la panacea en todo tiempo y a toda costa. Ambos bandos tienen sus historias de horror que fundamentan sus posiciones inamovibles. La larga lista de la ineficiencia y corrupción gubernamental es incuestionable. Sin embrago, la lista de privatizaciones ineficientes, corruptas y poco productivas también es considerable.
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Definitivamente Puerto Rico necesita mirar con seriedad el privatizar servicios y empresas públicas. La privatización no es, ni puede tornarse en mala palabra para nuestro quehacer económico. No obstante, debemos implementar medidas legislativas que permitan que los procesos de privatización en nuestra isla se den de manera efectiva, responsable, ordenada y en tiempo. Lo anterior cobra mayor importancia en tiempos de crisis económica e institucional. Los pueblos que implementan procesos de privatización en tiempos de crisis económica y en donde sus instituciones gubernamentales sufren de patrones de corrupción y asfixia en la ejecución, corren el riesgo de atraer inversionistas de pobre calidad o especuladores, se dan procesos contractuales pobres, sin garantías suficientes, así como una pobre capacidad del gobierno para supervisar la efectividad de los servicios privatizados. Precisamente lo que hemos estado viviendo en Puerto Rico recientemente.
Se le otorgan muelles a compañías que evidencian dudosas acciones y procesos de obtención de permisos para operar como New Fortress. Se le da el contrato de administración a LUMA Energy, un Frankenstein corporativo al amparo de una ley de APP deficiente, un contrato pobre y una capacidad gubernamental limitada para supervisar la efectividad de su gestión. Mas reciente, hace apenas dos días el Gobierno anuncia la otorgación de un contrato de APP de los muelles de turismo de Puerto Rico por los próximos treinta (30) años a Global Port Holdings. Este último procesos ejemplifica las carencias que representa la Ley de Alianzas Publico Privadas y la dirección de dichos procesos por parte del Gobierno.
La otorgación del contrato de administración de los muelles a Global Port Holdings, a través de su subsidiaria en Puerto Rico, revela la negligencia crasa del aparato gubernamental en los procesos de privatización. Creo en la privatización, y la respaldo, pero no creo en la ineptitud y en la negligencia. Precisamente esto es lo que ha permeado este proceso que comenzó en el 2018. Un proceso en donde el estudio de necesidad y conveniencia que respalda el mismo y que data del 2018, no sirve hoy ni como servilleta. Se hizo previo a los terremotos, la pandemia y la asignación de millones de dólares federales para la reconstrucción de los muelles, entre otros elementos. A su vez, se lleva a cabo con una compañía que demuestra hoy en día no tener solidez económica. No debe importar mucho la cantidad de muelles que administra alrededor del mundo, lo que debe importar, y se debe mirar con detenimiento es su solidez económica. De esa no hablan con números el Gobierno, máxime cuando ha salido a relucir públicamente que Global tiene serios problemas de liquidez y de valoración de sus acciones y bienes. Es una compañía que vive volando la chiringa financiera de los contratos que obtiene.
Lo anterior, sin hablar de la posible privatización de la generación de la energía eléctrica en Puerto Rico y las posibilidades de que estos mismos actores, o familiares naturales y corporativos sean los jugadores en ese proceso. Hay que enmendar la ley de las APP para darle garras a la legislatura, el órgano más representativo político en Puerto Rico, para que se puedan llevar a cabo estos procesos de privatización de manera efectiva, responsable, ordenada y a tiempo.
Nos urge actuar con responsabilidad y firmeza para impactar de manera positiva los procesos de privatización en Puerto Rico.