Era el ejemplo claro del clásico “ver para creer”. Durante el fin de semana, mientras la atención del país sobre la actualidad reduce mientras aumenta el ocio necesario para bajar el diapasón, el Hospital Universitario del Centro Médico de Río Piedras se quedó sin luz. No fue el resultado de un apagón masivo, sino de una combinación de factores. Las incesantes fluctuaciones en el voltaje producto del sistema de transmisión y distribución, una avería interna en la institución y la aparente incapacidad (por la razón que fuera) de encender los generadores eléctricos. La interrupción ocurrió a las 2 de la tarde del domingo. Pero al borde de las 8 de la mañana del lunes, al conversar con portavoces de la institución, solo habían teorías preliminares. LUMA, el encargado del sistema, aseguraba a través de un portavoz que estuvieron listos para atender el asunto de inmediato pero fueron frenados por la gerencia del hospital que aguardaba por “el momento oportuno”. ¿Oportuno para quién?, digo yo.
¿Qué hacía la reparación inmediata algo inoportuno mientras, dentro de la institución, los pacientes no contaban con acondicionador de aire, ascensores o incluso -como denunciaba una mujer embarazada- no era posible preparar adecuadamente los medicamentos por lo que había “mujeres pasando una cesárea con Tylenol”?
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El problema fue eventualmente resuelto y la administración afirmó que los pacientes no se vieron afectados. Pero ello resulta difícil de creer. En cualquier caso, la falta de premura en atender la situación es, en mi opinión, el tema más importante. Esa actitud - ese eterno arrastrar pies- me parece además el reflejo del tono general de la reacción del gobierno para atender las múltiples crisis que parecen reventar de súbito pero que son en realidad el resultado de la falta de atención a problemas que vienen añejando hace años. Lo que me preocupa con esta tendencia es que el gobierno no exhibe sentido de urgencia ante ninguna de estas crisis (viejas o en potencia). La respuesta suele ser parte de la estrategia de “ignora el asunto a ver si desaparece”. Sin embargo, tiene el efecto de restar importancia a asuntos que son potencialmente graves.
En el caso del sistema eléctrico, es evidente que los más de 10 años de falta de mantenimiento y, el posterior embate de Irma y María, nos han dejado con un sistema en pedazos. Pero, el problema, es que cinco años después la burocracia local y la desconfianza de Washington nos han condenado a seguir con el mismo sistema a pesar de los miles de millones asignados. El sentido de urgencia se fue de vacaciones.
Lo mismo ocurre con la crisis en el sistema de Salud. Esa que dicen que podría llegar, ya está aquí. Solo eso explica el escenario actual en el que sin “palas” no hay acceso. El escenario en el que de 18 mil médicos ya nos quedan cerca de 9 mil. El panorama en el que, según denuncian los médicos, los planes de salud reinan intocables mientras continúan evitando que los galenos recién graduados puedan tener trabajo. Los políticos -todos- lo saben. Siempre lo han sabido. Pero todos (quizá usted, funcionario público que me lee) han decidido ignorar la tragedia de cientos de personas para las que el acceso médico es cuestión de suerte y han antepuesto el buen billete que les llega para la campaña.
El sentido de urgencia se fue de vacaciones cuando se intenta que el país elabore un plan para producir la cantidad necesaria de maestros que requieren los sistemas público y privado. Las señales están en la pared para quien quiera verlas. La primera de ellas, el hecho que Educación ha tenido que reclutar 1,200 maestros retirados o colocar a psicólogos, trabajadores sociales y profesionales o estudiantes de todo tipo para hacer las veces de maestros, porque no los consigue. ¿Cuál es el plan del Gobierno para incentivar a los estudiantes de escuela superior a estudiar pedagogía? ¿Cuál es la estrategia para hacer que estudiar esa carrera sea atractivo? ¿Con qué universidades lo ha conversado?
El sentido de urgencia se fue de vacaciones para atender estos asuntos y otros importantes como la escasez de policías (faltan 4 mil) o la de trabajadores sociales (al menos 400). Y a nadie en posición de atender estos asuntos parece importarle lo suficiente.
¿Quién está a cargo?
