De vez en cuando, un tema que ocasiona controversia a nivel político deja de arder, desapareciendo tan rápidamente que las generaciones posteriores tienen dificultades para comprender, o incluso recordar, cuán intensamente lucharon sus antepasados por él.
La “prohibición” se destaca como uno de estos ejemplos. La campaña para prohibir la venta de bebidas alcohólicas cobró un papel muy importante en la vida pública estadounidense a finales del siglo XIX y principios del XX, y culminó con la ratificación de la 18.ª Enmienda a la Constitución en enero de 1919.
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Catorce años más tarde, con la aprobación de la Enmienda 21, Estados Unidos cambió abruptamente de rumbo. Con eso, el gran debate nacional esencialmente se desvaneció; el control de las ventas de alcohol quedó relegado en gran medida a oscuras juntas reguladoras y riñas ocasionales entre las licorerías de un mismo vecindario.
Es posible que estemos a punto de presenciar un final similar al debate sobre el matrimonio para parejas del mismo sexo, un tema que agitó a la política estadounidense durante una generación, lo que llevó a un fallo histórico del Tribunal Supremo en 2015 que estableció la igualdad de derechos en el matrimonio en toda la nación.
Un proyecto de ley aprobado por la Cámara este mes garantizaría la igualdad en el matrimonio, protegiendo a las parejas del mismo sexo actuales y futuras contra la posibilidad de una revocación por parte del Supremo. La medida tiene buenas posibilidades de ser aprobada en el Senado, aunque probablemente no hasta el otoño. Si eso sucede, se ratificaría un creciente consenso público sobre el tema.
Antes de eso, sin embargo, el problema está creando lo que puede ser su ronda final de agitación política, esta vez creandole dolores de cabeza a los senadores republicanos que se encuentran atrapados entre un electorado cada vez más reducido, pero aún significativo, de conservadores sociales y un rápido cambio de opinión en el público en general.
El matrimonio entre personas del mismo sexo surgió como un tema político importante en los EE. UU. a principios de la década de 1990, impulsado en parte por una decisión de la Corte Suprema de Hawái de que el estado necesitaba mostrar una razón convincente para impedir que las parejas del mismo sexo se casaran legalmente. Los políticos conservadores aprovecharon el fallo de Hawái y advirtieron que si un estado legaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo, la Constitución exigiría que todos los estados los reconozcan.
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Los demócratas ya estaban a la defensiva sobre los derechos de los homosexuales. A principios de 1993, los republicanos y los demócratas conservadores se unieron para derrotar al recién elegido presidente Clinton en cuanto a su promesa de permitir que las personas LGBTQ sirvieran abiertamente en las fuerzas armadas. Los funcionarios de la administración estaban ansiosos por evitar otra controversia similar.
Cuando los republicanos comenzaron a impulsar un proyecto de ley que permitiría a los estados negarse a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados, Clinton accedió. La medida, la Ley de Defensa del Matrimonio, se convirtió en ley en 1996. En ese momento, según las encuestas de Gallup, solo uno de cada cuatro estadounidenses (25%) creían que las parejas del mismo sexo deberían tener los mismos derechos en el matrimonio.
En mayo de 2012, el entonces vicepresidente Joe Biden desató un breve furor en Washington cuando se adelantó a la administración y dijo publicamente que se sentía absolutamente cómodo con que las parejas del mismo sexo tuvieran exactamente los mismos derechos, todos los derechos civiles, todas las libertades civiles. Obama respaldó la igualdad de derechos en el matrimonio unos días después.
Para entonces, la mitad de los estadounidenses (50%) apoyaba el matrimonio igualitario, según los datos de Gallup, que muestran que el apoyo creció en un promedio del 1 % al 2 % por año desde mediados de la década de 1990. Cuando el Tribunal Supremo de los EE. UU. emitió su decisión sobre igualdad en el matrimonio en 2015, Obergefell vs. Hodges, el apoyo había aumentado a alrededor del 60%.
Ese creciente apoyo público le dio a muchos estadounidenses LGBTQ una sensación de seguridad que fue socavada abruptamente por el fallo del Tribunal Supremo a fines de junio que anuló Roe vs. Wade, la decisión de medio siglo de antigüedad que había garantizado el derecho al aborto en todo el país. El juez Clarence Thomas, el más conservador de los jueces, escribió una opinión separada en el caso en la que dijo que los jueces, habiendo anulado el derecho al aborto, “deberían reconsiderar todos” los fallos anteriores que defendían los derechos basados en un concepto amplio de privacidad constitucionalmente protegida, mencionando específicamente a Obergefell.
Ningún otro juez se unió a Thomas, y algunos dejaron en claro que no estaban de acuerdo con él, pero sus palabras generaron una ola de ansiedad. Los demócratas respondieron presentando un proyecto de ley en la Cámara que codificaría efectivamente la igualdad en el matrimonio en todo el país. El proyecto de ley derogaría la Ley de Defensa del Matrimonio y mantendría explícitamente que cada estado debe reconocer los matrimonios aprobados por otros estados, independientemente del “sexo, raza, etnia u origen nacional” de las personas casadas. Si se convirtiera en ley, eliminaría la amenaza implícita en la opinión de Thomas; el matrimonio igualitario en todo el país ya no dependería de una Corte Suprema cada vez más conservadora.
Cuando 47 republicanos en la Cámara se unieron a los demócratas para respaldar el proyecto de ley, los líderes del Congreso de repente se dieron cuenta de que podría aprobarse en el Senado, lo que requeriría que 10 republicanos se unieran a los demócratas para acabar con una posible maniobra obstruccionista. El líder de la mayoría en el Senado, Charles E. Schumer, de Nueva York, anunció que planeaba llevar el proyecto de ley al pleno del Senado pronto.
Esa medida ha puesto a los republicanos del Senado en una situación difícil. Después de años en los que su partido explotó el tema, ahora está dividiendo sus filas.
Al acercarse una elección intermedia en la que el control del Senado sigue siendo un problema, el tema pone a los republicanos en un aprieto: les preocupa alienar aún más a los votantes moderados que ya están molestos por la revocación de Roe. Al mismo tiempo, no quieren echar un balde de agua fría el fervor de sus partidarios conservadores.
Cinco republicanos, los senadores Susan Collins de Maine, Thom Tillis de Carolina del Norte, Rob Portman de Ohio, Ron Johnson de Wisconsin y Lisa Murkowski de Alaska, han indicado que apoyarán el proyecto de ley en el Senado. Algunos otros han dicho públicamente que se opondrán. La mayoría, sin embargo, ha mantenido un silencio incómodo, esquivando a los reporteros que preguntan su posición. Queda por verse que pasará.
