El principal asesor de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que maneja las finanzas públicas de Puerto Rico, Mckinsey & Company, ha sido señalado en varias ocasiones por un claro conflicto de interés en el manejo, o control, de la deuda de Puerto Rico. Tal es su caso que el ex juez Steven Rhodes, quien fue la figura principal en el manejo de la quiebra de la ciudad de Detroit, Michigan, solicitó que se detengan los pagos a Mckinsey por concepto de sus servicios y le exija devolver las ganancias obtenidas producto de los bonos de Puerto Rico.
En una comunicación dirigida a dos síndicos del Gobierno de Estados Unidos en, Washington, Rhodes establece con lujo de detalle como Mckinsey, al mismo tiempo que asesora a la JSF para manejar la quiebra de Puerto Rico, asesora también a compañías como Quanta Services (uno de los dueños del consorcio Luma Energy), Citigroup (afiliada a Global Markets que asesora a la JSF), Manpower Group y Molina Healthcare, entre muchas otras, generando millones de dólares del Gobierno de Puerto Rico. Esta información surge de la propia declaración de Mckinsey al tribunal de quiebras, presidida por la jueza Laura Taylor Swain, en la que tiene que hacer públicos sus clientes y negocios con Puerto Rico.
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Más aún, Mckinsey también reveló que tiene relación con el Banco Santander (quien fuera parte de la reestructuración de la deuda), PUMA Energy (quien suple combustible a la AEE), y Soft Bank Group (dueña de New Fortress Energy, quien suple gas natural a la AEE). De hecho, se plantea que incluso tiene conflictos de interés con la ex Directora Ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. Pero la joya de la corona es la compañía MIO. Esta compañía es una subsidiaria de la compañía McKinsey y tiene inversiones directas en la deuda del Gobierno de Puerto Rico.
¿Por qué la JSF mantiene como su principal asesor a una compañía que tiene un claro conflicto de interés con la deuda de Puerto Rico? ¿Por qué la JSF no demuestra transparencia en sus procesos tal y como los exige al Gobierno de Puerto Rico? Me parece curioso que, cuando exigimos presupuestos justos para la UPR y servicios esenciales, la JSF inmediatamente se opone por no cumplir con su plan fiscal. Sin embargo, con la compañía Mckinsey, vemos claramente una doble moral.
