El contrato de privatización de administración y operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico con la empresa LUMA tiene que reevaluarse. Esto no significa añorar los días de mala administración y operación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Tampoco significa, rechazar la privatización. Es enfrentar nuestra realidad de manera responsable y negociar, primordialmente, en favor del consumidor. Es tiempo de mirar nuestra realidad en este asunto de la energía eléctrica a la luz del desarrollo económico y de la meta de empoderar al consumidor haciéndole el eje central de ese desarrollo. Para lograrlo, es imprescindible implementar cambios en el contrato con LUMA.
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Los números revelan que LUMA no ha cumplido con indicadores básicos de servicio. Las métricas del Índice de Duración de Interrupción Promedio del Sistema (IDIPS), que recogen los minutos de interrupción que sufren los consumidores revelan que entre junio de 2021 y marzo de 2022 LUMA acumuló 1,268.46 minutos de interrupción. Esta cifra supera por 25.46 minutos las interrupciones bajo la AEE, y se cuelga aparatosamente ante la meta establecida por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que es de 102 minutos anuales. A su vez, el Índice de Duración de Interrupción Promedio del Cliente (IDIPC) indica que las interrupciones en promedio por cliente con LUMA se extendieron por uno 220 minutos de duración, sin embargo, la meta es que no sobrepase de los 101 minutos. Por último, el Índice de Frecuencia de Interrupción Promedio del Sistema (IFIPS) señala 5.68 interrupciones por cliente, mientras que la meta del NEPR es de 1 interrupción por cliente. LUMA no solo se ha colgado, sino que ha demostrado no tener la capacidad administrativa y operacional que representó tener al momento de su contratación.
Otra área de deficiencia para LUMA es en el manejo del presupuesto. Según los términos de su contratación y la experiencia administrativa que representó tener, LUMA debía producir ahorros de $273 millones en los primeros tres años de contrato. No obstante, en los primeros dos trimestres LUMA acumuló un déficit de $60 millones. En el tercer trimestre el consorcio reportó haber tenido un ahorro de $21 millones, dejando un balance negativo a marzo de 2022 de $39 millones. En el nuevo presupuesto sugerido por LUMA para el año 2023, LUMA sugiere una reducción de presupuesto para la generación de energía, de manera tal que se les aumente la partida destinada a ellos para administrar y operar el sistema.
Lo anterior denota una falta de efectividad en el manejo del presupuesto asignado, lo que refleja una falla administrativa real y una proyección clara de un incumplimiento de contrato. A su vez revela que el contrato con LUMA va aumentando en costo de manera significativa cambiando los muñequitos que se tomaron en consideración al momento de su contratación. LUMA efectivamente, está gastando más con un presupuesto mucho mayor al que se le otorgaba a la AEE para la operación y administración del sistema eléctrico de Puerto Rico. Para eso no fue que se le contrató.
Huelga hablar de la falta de mano de obra especializada, sin entrar a dirimir las causas de las fallas en mantenimiento de las subestaciones eléctricas a través de toda la Isla. No existe otra opción para el Gobierno que no sea reevaluar esta contratación. El garantizar la capacidad de los consumidores para generar crecimiento económico en la Isla requiere que el contrato con LUMA se atienda para bajar su costo contractual y operacional, mejorando su supervisión en lo relacionado a las métricas de servicio y atendiendo con premura cualquier desvío del presupuesto desde la perspectiva administrativa. Cualquier costo que esto conlleve en esta etapa nos lo ahorraremos con creces en el futuro.