No es debatible. El costo de vida en la isla sigue aumentando y ya, indudablemente, ha alcanzado niveles intolerables para la clase trabajadora y la clase media que es ya algo así como una especie en peligro de extinción.
En gran medida, lo caro que es vivir en Puerto Rico hoy es responsabilidad de lo cara que es la factura de luz. Por ello cualquier medida que traiga como consecuencia la promesa de una baja cae en terreno fértil en la opinión pública. Es lo que ha pasado con la propuesta del Gobernador para transferir poco más $200 millones del Fondo del Seguro del Estado para convertirla en una suerte de “shock absorber” de los aumentos en agua y luz. Pero la medida tiene varios asuntos que le ponen en la misma liga de otras medidas que en el pasado han apostado a desvestir un santo paga vestir otros. La historia local cuenta con suficientes ejemplos que nos advierten que ese juego de ropa tiende a dejar a todos los santos desnudos. ¿Esos $200 serán devueltos al Fondo? Y si esa es la intención, ¿de dónde saldrán los fondos? Hasta el lunes, esa pregunta no tenía respuesta clara.
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Lo que sí sabíamos es que esa afirmación de que el Fondo anda “en las papas” no es del todo cierto. Según los datos circulados por la unión que representa a los empleados, el Fondo tiene un déficit actuarial que podría poner en riesgo el pago de pensiones futuras. Si ese es el escenario, ¿cómo es que se puede prestar o regalar dinero si hará falta de cara a futuro? Eso para empezar.
En segundo término, merece la pena preguntarse si es una buena decisión de política pública invertir $200 millones de un préstamo para bajar las facturas de agua por no más de 3 meses. La respuesta a esa reflexión seguramente nos llevará a concluir que no parece sensato. Aunque todos estamos ahogados por las facturas, ¿qué tal sustituir una medida de efecto temporero por políticas públicas que impacten a mediano y largo plazo? La verdad es que si hubiéramos establecido esas políticas cuando se nos advirtió (hace décadas) con toda probabilidad nuestro presente sería menos pesaroso. Pero, en fin. Múltiples voces han propuesto variedad de medidas. En primer lugar, dar el paso definitivo a esa transición a la energía renovable que ocupa un lugar prominente en la política pública pero no pasa de ser una “leyenda urbana” sin consecuencias. En la isla el gas natural sigue siendo pensado como un combustible “alternativo” 20 años después que se propuso como combustible de transición y en momentos en que también ha aumentado de precio.Para continuar, el representante de los consumidores Tomás Torres Placa ha recomendado que se negocien acuerdos de compra de combustible a largo plazo que garanticen un precio estable y más bajo. Esa recomendación también se ha hecho en el pasado pero nadie le ha hecho caso. En tercer lugar, invertir en infraestructura para una generación de energía más eficiente y menos costosa. A eso añada procurar una mayor eficiencia en la operación de LUMA Energy. El consorcio ha solicitado múltiples aumentos mientras ha probado haber subestimado sus gastos y gastado en partidas que luego le hacen reclamar déficit operacionales. ¿Por qué toma tanto tiempo fiscalizar adecuadamente una compañía que maneja el dinero de todos?
A lo anterior, y mirando al futuro, sería conveniente que no bajemos la guardia con la inversión en mantenimiento de la infraestructura de generación. Ya vimos cómo en el pasado diez años de mantenimiento deficientes (¿de manera intencional?) desembocaron en el mal estado de nuestro sistema eléctrico. Y esto, señores, no es mi opinión sino la admisión de los pasados directores ejecutivos de nuestra red eléctrica. Si tan solo dejáramos de dejar en papel los políticas públicas y pasáramos del dicho al hecho, nuestro presente estaría menos plagado de dolores de cabeza.
