Si había algo claro durante la campaña política de las elecciones del 2020 era que se iba a requerir de un plan definido y ejecutable relacionado con la transformación del sistema energético de la Isla.
Proyecto Dignidad, contrario a los demás partidos, tenía en su plataforma de gobierno la política pública más puntual con respecto a la transformación de la AEE. Este era el centro y eje principal de su propuesta. Reconocimos que el retos más grandes que podía enfrentar Puerto Rico era la posibilidad de nuestra Isla de crecer económicamente y poder crear riqueza. Sin un sistema energético confiable, y sin acceso a energía eléctrica a costos razonables, crecer económicamente sería virtualmente imposible.
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Así, propusimos una política pública que obligara a la AEE a proveer energía a costo tope no mayor de 23 centavos kilovatio hora a clientes residenciales, incluyendo el pago de la deuda. Esto implicaba que toda cambio o nueva tecnología redujera el costo de operación de la AEE y abriera el espacio para acomodarla dentro un tope de costo por kilovatio hora. Como punta de lanza se puntualizaron tres asuntos: (1) solo integrar energía renovable en la medida en que redujera el costo de energía; (2) reevaluar el contrato con New Fortress por su impacto en el aumento del costo operativo y sus deficiencias en cuanto a la permisología; (3) la integración de gas natural tendría que estar supeditada a una reducción del costo operativo de la AEE; (4) el contrato de LUMA tendría que ser revisado para que requiriera que sus ganancias surgieran de la reducción que esta empresa lograra en el costo de operación y eficiencia. Si LUMA alegaba poder administrar la AEE de manera más eficiente, su capacidad de generar ganancias de dicho contrato tenía que venir de la ejecución de dicha eficiencia administrativa y no de que el Gobierno le asegurara contractualmente sus ganancias.
A su vez, propusimos una estrategia clara y sencilla para acercarnos a la negociación de la deuda de la AEE. En aquel entonces proponíamos la meta de no pagar más de una tercera parte de la deuda, lo que hoy, antes las circunstancias locales e internacionales, debe ser reevaluado.
Contrario a lo anterior, la administración de Pedro Pierluisi ha asumido un rol poco estratégico con relación a la transformación de la AEE. Ha implementado medidas del precio de energía sobre la base de “cost plus”. En otras palabras, al costo de operación de la AEE, se le suman los costos de toda adición o integración de nueva tecnología, administración privada y posible pago de deuda. A su vez, esta administración ha exhibido gran timidez y falta de voluntad política en atacar el alza del costo de energía e implementar medidas de mitigación en lo que se logra una transición a energía renovable mas costo efectiva.
La convocatoria a la sesión extraordinaria para atender una medida totalmente insuficiente y que denota la incapacidad de poder pensar de manera distinta a la que nos ha traído a la quiebra es una ejemplo claro. Esta medida es un simple capricho, cuando existen medidas como el P del S 728 presentado por la senadora Rodriguez Veve, en conjunto con la Senadora Hau y el Senador Ruiz Nieves, que crean específicamente un fondo de mitigación de costos energéticos. Así como los proyectos del senado 781 y 813. Ninguno de estos proyectos, que en conjunto podrían comenzar a construir una zapata para enfrentar la crisis que tenemos encima, fueron considerados por el Gobernador para la sesión extraordinaria.
De lo anterior, no queda otra conclusión de que no existe voluntad política para atender el problema energético de Puerto Rico a través de un plan claro de tener la transformación de la AEE como el centro del motor económico de nuestra Isla.
