Vivimos tiempos complicados. De eso no hay duda. Y llegan luego que el mundo experimentara lo que parecía ser un despertar al reconocimiento de nuevos derechos que no han hecho otra cosa que ayudar a garantizar que las personas –todas- sean tratadas como iguales. Pero precisamente tal vez en respuesta a ello parecemos haber entrado por la puerta de un periodo de revisión.
Un sector cuyos derechos no han sido cuestionados –incluyendo el derecho a la libertad religiosa- ha logrado hacerse espacio en esferas de poder político y religioso. Con ello no hay ningún problema. Después de todo, el Gobierno y todas sus ramas deben ser una representación de lo heterogéneo de las sociedades a las que pertenecen. El problema sin embargo llega cuando ese poder político se utiliza para tratar de imponer eso que por derecho se les garantiza –el libre culto y la libre asociación- al resto de la sociedad. Un ejercicio que transforman la libertad religiosa que se les garantiza para profesar su fe de manera individual y sin la intromisión del Estado en una suerte de norma que pretende obligar al resto. Una práctica que ignora que ese derecho que se les garantiza no debe ser utilizado para imponer los propios dogmas que les guían para dictar lo que los demás pueden o no pueden hacer.
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Eso precisamente ha ocurrido con el caso de la eliminación del derecho al aborto que se garantizaba a nivel federal. Ahora, con la disolución del fallo en Roe Vs Wade cada estado o territorio decidirá cuál es su postura con respecto a este derecho. Y es aquí donde quienes tienen el privilegio de establecer política pública no deben olvidar la responsabilidad que trae consigo el servir al país desde puestos electivos. En primer lugar, es preciso recordar que cuando se gobierna se hace para todos. No solo para los que piensan como ellos. Que de la misma forma que sus derechos son respetados y garantizados, los derechos de los demás –incluso los de aquellos con los que no coinciden en coordenadas ideológicas, dogmas o credos- también deben tener sus derechos garantizados. Que el defender los derechos de los demás es, en definitiva, un ejercicio que les pone en mejor posición de que sus propios derechos sean respetados, llegado el momento. Solo ello nos separa de sistemas totalitarios o teocráticos en los que gobierno y fe son una misma cosa, en un ejercicio que excluye y atropella a quienes no comparten credo.
Ahora, tras la decisión del Supremo federal, se ha abierto además la puerta a la posibilidad de revisar y, de paso, eliminar otros derechos que han sido el producto de múltiples luchas y que no son garantizados por la constitución de ese país. Derechos que hoy damos por sentado como el derecho de personas de diversas razas a contraer matrimonio, garantizado tras el caso Loving contra Virginia en 1967; El derecho al uso de contraceptivos para evitar embarazos no deseados incluso al interior de un matrimonio, que tampoco está garantizado por la constitución sino por el caso Griswold v Conneticut de 1965. O más recientemente, el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo, garantizado por un fallo similar.
¿Qué usted no consideraría el aborto? ¿Qué no se casaría con alguien de una raza distinta a la suya? ¿Qué no le interesa usar anticonceptivos? Todo ello es válido. Pero los derechos de todos, para quien quiera utilizarlos deben estar garantizados y ser defendidos por todos. Defender solo el derecho que nos toca de manera directa ignorando la posibilidad de que el derecho del “otro” está siendo violentado es poco menos que un supremo acto de egoísmo.
