Hace mucho venimos tratando de ocultar el elefante debajo de la alfombra. Pero ya resulta más que evidente. En Puerto Rico, ya nadie puede comprarse una casa. A excepción de algunos pocos.
En el mundo previo a la pandemia, el escenario para la compra de viviendas –ese gran sueño en el que se anclan las esperanzas de futuro de miles de puertorriqueños- era una posibilidad real. La evidencia de lo que muchos sospechábamos la ha traído el grupo económico “Estudios Técnicos” que ha vuelto publicar el resultado de su análisis sobre lo que ellos llaman “Índice de vivienda asequible”. O lo que es lo mismo, un indicador que nos deja cuán fácil es comprar una vivienda en la isla.
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La firma usa como guía una persona o familia que genere lo que el Censo de Estados Unidos concluye que es la “mediana de ingresos” para Puerto Rico. En otras palabras, la media de lo que ganan las familias a nivel local. Esa cifra se ubica en los $25 mil 104 al año. Estudios Técnicos concluye que personas con esa media de ingresos tienen apenas el 69% del ingreso necesario para poder comprar una vivienda de interés social, entendiendo que esas viviendas costarían poco más de $185 mil. El problema no es solo que se queden cortos de ingresos, sino que viviendas nuevas de ese costo en la isla simplemente no existen.
Estudios Técnicos sugiere otro ejercicio. Hasta el 2020 una persona o familia que generara $40,267 al año y destinará el 25% de sus ingresos a una hipoteca calculada a base de un #% de interés, pagaría cerca de $839 mensuales por una hipoteca de $200 mil. Ahora, según Estudios Técnicos, esa misma familia, con esos mismos ingresos y una tasa de interés del 6% solo cualificaría para un préstamo de $139 mil y, encima de ello, su pago mensual aumentaría en $300.
¿Lo ve claro? La familia promedio local simplemente ha quedado fuera de la posibilidad de comprar una propiedad. Y gran parte de la clase media también queda excluida. Proyectos de vivienda de “interés social” son prácticamente inexistentes y nada en el panorama apunta a que ese escenario mejore. Por eso, estoy seguro que usted conoce (o tal vez usted vive la situación) que cientos de familias compuestas por parejas de la clase media-trabajadora no pueden, ni aunque quieran, hacerse de una propiedad.
Eso contrasta enormemente con el inventario de más de 200 mil casas y apartamentos vacíos, embargados, reposeidos, abandonados, con deudas de CRIM o en litigios de herencias que permanecen deshabitadas.
Mientras todo esto ocurre, no se ve desde el Gobierno un plan para mejorar las condiciones del mercado y tratar de mover la rueda para cambiar las condiciones del escenario de vivienda local. ¿EL efecto? Mientras no se elabora un plan coherente para balancear el mercado, cientos de excluidos viven condenados a un alquiler a perpetuidad o, movidos por una larga lista de elementos como el alza en la inflación, el costo de los productos, servicios y utilidades como la luz y el agua, abandonan la isla. Otros, los que tienen con qué pagar, se quedan y compran cuanto pueden.
Luego se niega que exista una agenda para vaciar la isla. Quizá es solo una popular teoría de conspiración, pero, mi hermano, que fácil es creerla cuando vivir en la isla de manera digna es casi un privilegio.
