La Comisión Estatal de Elecciones (CEE), y la legislación que la habilita y rige sobre todo proceso electoral en Puerto Rico, no puede convertirse en un premio político para el partido que domine las elecciones o que controle la legislatura. El error más grande que podemos hacer como pueblo es mirar el proceso eleccionario, y su regulación, como parte intrínseca del botín eleccionario que se reparte cada cuatro años. La reglamentación y estructura electoral, aunque debe estar compuesta por los partidos, no debe estar dominado por ninguno de ellos. La acción que tomo el Partido Nuevo Progresista en el 2020 de aprobar un Código Electoral sin el insumo de los partidos políticos, en medio de un proceso eleccionario, con lagunas en su aplicación e implementando nuevos métodos de votación, así como ampliando otros, mientras se atravesaba una pandemia probó ser un error que abrió las puertas para que el proceso democrático se viera afectado y los argumentos de parcialidad tuvieran tracción real.
El Código Electoral aprobado en el 2020, tenía sus virtudes, pero estaba sesgado al estar construido sobre la visión de que el sistema electoral, y los procesos electorales, merecen estar controlados por el partido o los partidos que más votos sacan. Con eso, creando estructuras de niveles de influencia y poder de mayor rango para unos “Partidos Principales” y “Comisionados Electorales Principales” creando un desbalance peligroso para la democracia al erradicar la visión del balance institucional y electoral, a través del cual se garantiza la participación de todos los partidos de manera igualitaria en las decisiones claras que afectan los procesos electorales. Esto no quiere decir que perpetuemos la duplicidad o triplicidad de funcionarios o empleados en la CEE. Eso es un barbaridad que no puede continuar.
A lo que me refiero es a la creación de Juntas de Balance en donde estén representados todos los partidos y en donde se toman las decisiones importantes. Esto es: (1) en OSIPE, donde se controla el registro electoral, la programación de las máquinas de escrutinio, el manejo de la votación electrónica y su transmisión; (2) en Operaciones Electorales, donde se maneja todo el material electoral, papeletas, maletines, su embalaje, transportación y almacenaje; (3) Planificación geo electoral, en donde se toman las decisiones de cómo se van a establecer las unidades y colegios electorales, con el número de electores por cada unidad y colegio, entre otros asuntos; (4) JAVAA, donde se coordina todo lo relacionado al voto ausente y adelantado; (5) En los CESI, donde se están estableciendo centros de llamadas para orientar a los electores; y en (6) la Junta de Educación y Adiestramiento, donde se prepara todo el material educativo para los procesos eleccionarios y los funcionarios de colegio.
Por último, es imprescindible que los Comisionados Electorales tengan legitimación activa clara para acudir a los tribunales, y las agencias concernientes, cuando determinación administrativas tienen un impacto detrimento sobre sus capacidades de ejercer sus prerrogativas el área electoral. Actualmente, las oficinas de los Comisionados Electorales de los partidos de minoría no están en igualdad de condiciones con los demás partidos en cuanto a su personal, y se les niega el balance institucional en OSIPE, Operaciones Electorales, Planificación geo electoral, JAVAA y otros. No es buena política pública, ni es razonable dejar que los partidos políticos que ganan las elecciones tengan el control de la CEE y los procesos eleccionarios. La CEE no es, ni debe ser un bastón político. Debe ser un bastión de la democracia. Para esto, tiene que abrirse a todos los partidos políticos de verdad, y sufrir transformaciones genuinas en su operación, sin miedo al uso de la tecnología. De lo contrario, será un instrumento para perpetuar los partidos en el poder, que no siempre son dos en la CEE.