Ayer dimos uno de los más importantes pasos para asegurar el futuro fiscal y económico de Puerto Rico con la radicación del proyecto de ley que viabiliza una transición de la Ley 154-2010 a una plataforma enfocada en una contribución sobre ingresos sobre este tipo de corporaciones foráneas que operan en el territorio. He esbozado esto antes y hoy lo reitero, reemplazar este mecanismo contributivo, que representa alrededor de $1,400 millones anuales al gobierno, es vital para el porvenir de nuestra gente.
La Ley 154, la cual el Departamento del Tesoro impuso su final en sustancia para el próximo año fiscal federal (30 de septiembre de 2023) es un sistema de contribución especial de un cuatro por ciento a las corporaciones foráneas en la adquisición de propiedad mueble tangible manufacturada en Puerto Rico, así como los servicios prestados sobre dicha propiedad, por una filial en el territorio con ventas brutas reportadas de $75 millones o más cada año. En estos momentos unas 38 corporaciones se encuentran bajo el amparo de la Ley 154. Como he dicho en otras ocasiones, 10 de estas entidades aportan casi el 75 por ciento de todas las contribuciones. E
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l desarrollo de este proyecto de ley se basa en múltiples factores, el principal de estos es que no toque el bolsillo de nuestra gente. La política pública de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes es cero impuestos a la gente o a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), la inmensa mayoría de las cuales están en manos de puertorriqueños.Tampoco queríamos algún impacto negativo a estas corporaciones ante la entrada en vigor de nueva reglamentación federal ligadas al cobro y distribución de los llamados impuestos voluntarios.
Por otro lado también enfatizamos la necesidad de crear desarrollo económico en este nuevo sistema. El otro punto considerado era el de minimizar el impacto que tendrá el final de la Ley 154 en los recaudos al Fondo General. Luego de extensas negociaciones entre el Tesoro federal, el equipo económico del Ejecutivo y la Oficina de la Comisionada Residente en Washington; apoyados por la delegación del PNP en la Cámara, logramos que el gobierno federal suscribiera nuevas guías dirigidas específicamente a trabajar con el tema de los impuestos voluntarios. Para eso se necesita esta legislación que presentamos.
¿Qué hace este proyecto? La medida, una de las más compleja redactadas en nuestra historia moderna, establece que la transición de la Ley 154 al nuevo sistema se realizará a la corporación foránea, con operaciones vigentes en Puerto Rico, y bajo decreto de exención contributiva mediante la Ley 135-1998, Ley 73-2008 y la Ley 60-2017. Crea, además, una tasa fija de 10.5 por ciento en torno a la contribución sobre ingreso bajo las distintas leyes aplicables. Una de las áreas más relevantes de esta ley es la implementación de una estructura de niveles que proveen exenciones al ingreso asociado al desarrollo industrial sujeto a la tasa contributiva aplicable. Esto se hace para fomentar nuevas industrias y la inversión de capital. Un aspecto que tomamos es que esto no será obligatorio. La pieza legislativa extiende la estructura de la Ley 154-2010 de manera indefinida para las corporaciones foráneas que decidan no entrar en el nuevo modelo. Entre otras plataformas que creamos se encuentra la del Manejador de Créditos Contributivos (MCC) como parte del Departamento de Hacienda para, entre otras cosas, facilitar la administración y fiscalización de dichos créditos. En palabras sencillas: no cheques en blanco.
Este modelo que presentamos recoge los mejores conceptos del gobierno federal para crear este sistema que permita una transición fluida y sin contratiempos. Hoy podemos decir con orgullo: ¡Compromiso cumplido!
