Aquí vamos otra vez. En la misma ruta que transmitamos siempre. La de los pasados 50 años. Ocurre una masacre o acto de violencia extrema. Nos horrorizamos. Y luego pedimos acción del Gobierno, en concreto de la policía. Acto seguido la Policía anuncia que ha revisado sus planes, que hará lo necesario para garantizar la seguridad de los vecinos de la zona afectada, pide colaboración de los vecinos y, si la presión pública es demasiado fuerte, es posible que se atienda el asunto con la ocupación de la zona asediada por el narco. La solución devuelve la paz al lugar de manera temporera, pero no atiende el asunto. El narco sigue su camino y gana terreno, tal vez no allí pero de seguro en otra comunidad en la que, eventualmente, se repite la fórmula. Y así una y otra y otra vez. ¿Al final? El fracaso de siempre.
Pero esa ineficiencia en la llamada “guerra contra las drogas” no es culpa de la Policía que, a fin de cuentas, intenta hacer cumplir la política pública. Y esa, desde 1971 ha cambiado muy poco.
En ese entonces el presidente estadounidense Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas. Cincuenta y un años después y estimados de $51 mil millones en fondos públicos invertidos en esa guerra por parte del Gobierno de Estados Unidos, la cosa no ha cambiado mucho. Si somos sinceros seguro convendría admitir que hemos fracasado. No solo en hacernos eco durante décadas de una estrategia fallida sino en intentar buscar alternativas mirando fuera del obligo.
Lo que tenemos no funciona pero nos negamos a intentar otras estrategias. Lo que tenemos no frena el narco pero, en ejercicio de desquicio colectivo, seguimos apostando a hacer lo mismo una y otra y otra vez. Y así, habiéndonos negado a cambiar algo, seguimos repitiendo el ciclo que nos lleva al punto de arranque. Otro incidente violento, otra ronda de indignación, otro reclamo al superintendente de turno para que mueva a los policías de aquí para allá y de ala para acá, como si eso hubiera surtido algún efecto en el pasado. Luego, si alguien trata de sacarnos de ese soliloquio, lo atacamos. Cuestionamos sus intenciones, como ocurrió en el pasado con el exfiscal federal, exsecretario de Justicia, ex Jefe de la Policía y exsenador Miguel Pereira que, tras 40 años en ese sistema que intento sin éxito combatir el narco, presentó en 2013 un proyecto para promover la despenalización. Más tarde presentó otro similar junto al senador independiente José Vargas Vidot. Para atacarlos se les ridiculizó en su carácter personal. Les llamaron “mafuteros” y “tecatos”. Pero sobre las medidas propuestas se dijo muy poco a pesar que jurisdicciones como Portugal, Holanda y otras han apostado con éxito a alguna modalidad de despenalización o medicación con resultados medibles no solo en la reducción del crimen vinculado al narco sino incluso en el consumo general de drogas. Pero de eso preferimos no hablar y, en su lugar, aferrarnos a la fórmula inservible de siempre.
¿Será que ya estamos listos para discutir estos temas en serio y decidir como país qué queremos hacer para combatir el narco? Lo que hacemos no sirve. Y eso no admite discusión. Que hacer para cambiarlo es el gran dilema. Pero la discusión y búsqueda de alternativas debe comenzar cuanto antes. Las coordenadas que ha acercado a otros al éxito están sobre la mesa. Un reenfoque en el tratamiento de las drogas hoy ilícitas, mejoramiento de las condiciones económicas y costo de vida, y la aspiración a una educación de excelencia han sacado a flote a otros. A esos que nos conformamos con visitar de vacaciones. Mientras lo hacemos les admiramos, pero nos conformamos con la foto del recuerdo en lugar de aspirar esa realidad para nosotros de manera permanente. Buscar alternativas es imperativo. Nos lo debemos. Se los debemos a quienes vienen en camino.