Escuché decir a una pastora Evangélica que el ardid más importante del diablo había sido convencer a la gente de que no existía. Así podía continuar sus nefastas obras sin ser visto ni acusado. Observando a la kakistocracia que dirige la partidocracia puertorriqueña veo que su ardid más importante ha sido convencer a los/as electores/as que la corrupción es un acto individual.
La corrupción pública no es nueva, ni comenzó con la alternancia PNPPD luego de las elecciones de 1968. La compra de votos, práctica común en los procesos electorales, fue el fundamento del lema del Partido Popular, “vergüenza contra dinero” en las elecciones de los años cuarenta. En el primer gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP, 1969 a 1972), acusaron al secretario de la Administración de Derecho al Trabajo de varios actos de corrupción, incluyendo tener un sastre en la nómina para hacerle trajes a la medida. Su defensa fue que lo acusaban por racismo, pues era un hombre negro.
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Asimismo, la última legislatura de la administración Hernández Colón, del Partido Popular Democrático (PPD), adquirió notoriedad por la cantidad de legisladores acusados por corrupción—empleados fantasmas, uso indebido de fondos públicos, etc. En 1995 Fernando Tonos, miembro de esa legislatura PPD, tuvo la dudosa distinción de ser el primer legislador en ir a prisión. Tonos no transó el caso, como sus correligionarios, y además afirmó con cierto candor que el hacía lo que todos habían hecho. En enero de 2021 la prensa reportaba que Tonos era contratado como asesor del Portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau con un salario de $6,000 mensuales, $72,000 anuales.
Pero no será hasta la Administración Rosselló que se institucionalice la corrupción como práctica de los partidos. Bajo la administración Rosselló (1993-2000) se desarrollaron varios esquemas de “pague por jugar”, como le llaman los estadounidenses. Se estableció la práctica conocida como el “diezmo”, donde todo contratista del gobierno debía pagar 10% del monto del contrato a quienes lo contrataban. Millones de dólares fueron canalizados de contratos en obras faraónicas (el superacueducto, el tren urbano, el coliseo de Puerto Rico) al PNP. También se estableció sin empacho ni pudor la práctica de pagar para reunirse con el gobernador en los famosos desayunos con el gobernador Rosselló. Además de las corporaciones públicas y agencias de gobierno, las alcaldías establecieron el diezmo en sus contratos de recogido de basura y escombros, así como de mantenimiento de carreteras. La extorsión y el soborno, el delito de cohecho, se convirtieron en práctica cotidiana a tal extremo que el fiscal Guillermo Gil Bonar afirmó que la corrupción tenía nombre, el PNP. Más de 30 funcionarios de la administración Rosselló fueron convictos y cumplieron cárcel.
Por su parte, el PPD bajo la administración Acevedo Vilá desarrolló nuevas prácticas, entre las que se destaca la compra de terrenos a sobreprecio a desarrolladores donantes del partido. Así se compraron terrenos a sobreprecio a desarrolladores donantes en el “corredor ecológico del noreste” y hasta en lo que hoy es el “Jardín de Doña Inés” adyacente a la Fundación Luis Muñoz Marín. También se inició el proyecto del Gasoducto del Sur, al que le dio continuidad la administración Fortuño con la propuesta de Vía Verde. Proyectos absurdos en una isla de 100 x 35 kilómetros donde un barco puede abastecer gas con facilidad a cualquier puerto en el norte o en el sur.
Hay corruptos individuales, líderes vanidosos y caprichosos como el gobernador de los trajes Armani o el alcalde de relojes Rolex y las tenis Puma. Pero detrás de ellos hay maquinarias corruptas, que además de alimentar el lucro y la vanidad personal, llenan las arcas de sus partidos. El Jaguar de la secretaria del gobernador Rosselló que fue presa y el del esposo de la gobernadora que hoy enfrenta cargos, fueron prebendas personales. Pero el sobre que le dieron al alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes del PNP, era probablemente un pago para fondos de campaña. Lo mismo opino del dinero que se investiga en las alcaldías de Trujillo Alto y otras.
Esa es la nueva forma de financiar campañas, las donaciones han bajado, las contribuciones por debajo de la mesa continúan impertérritas. Y los alcaldes y sus contratos son el eje de esta forma de financiamiento de campañas. Que no se encuentre prueba directa de la conexión institucional no implica que no exista. No todo lo que se sabe se puede probar en corte, por eso el fiscal Gil Bonar no pudo armar el caso de “raqueterismo” (Ley RICO) contra el PNP. Hace muchos años una colega me dijo: “El poder es diabólico”. Ciertamente, opera en secreto, los que lo detentan han convencido a los incautos de que la corrupción institucional no existe, es un defecto de carácter individual. ¡Mienten!
