El nivel astronómico de la deuda estudiantil acumulada en los Estados Unidos está infligiendo un daño generacional duradero en la vida de millones de estadounidenses. Más de 45 millones de personas tienen ahora una deuda de más de $1.7 billones, la mayor parte de la cual se adeuda al gobierno federal.
La carga de esa deuda es aplastante y persigue a los prestatarios durante toda su vida provocando en muchas ocasiones retrasos en decisiones sobre temas como el matrimonio, la compra de una casa y el procurar tener hijos. En muchos casos, deja a algunos estudiantes arruinados a escasos meses después de la graduación, mientras que otros trabajan durante años solo para encontrar que con la acumulación de intereses sus balances son mas altos que cuando se graduaron. Los estudiantes de escasos recursos que se ven obligados endeudarse para obtener un título universitario pueden terminar obteniendo ingresos de clase media sin poder llevar una vida de clase media. Para colmo, según el Departamento de Educación federal, alrededor del 40% de los prestatarios nunca se gradúan de la escuela y un tercio de la deuda nunca se saldará.
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La administración Biden debería utilizar los recursos a su disposición y su capital político en arreglar el sistema de educación universitaria para hacerlo más asequible mientras ayuda a los prestatarios en mayor dificultad. Existen formas de hacer esto, aunque no han recibido suficiente atención en los medios nacionales. El cancelar la deuda estudiantil en su totalidad no es uno de ellos.
Intentar arreglar un sistema tan destrozado con la firma en una Orden Ejecutiva podría incluso empeorar el panorama. Cancelar esta deuda, incluso en los montos limitados que está considerando la Casa Blanca, sentaría un mal precedente y no cambiaría el hecho de que los futuros estudiantes se graduarán con aún más deuda, junto con la esperanza ciega de una amnistía en el futuro. Tal medida es legalmente cuestionable, económicamente poco eficiente, políticamente riesgosa y educativamente problemática.
Como candidato, Biden expresó que apoyaba que desde el Congreso se aprobara legislación para abordar el tema de la deuda estudiantil. Los expertos legales no están de acuerdo sobre si el presidente tiene la autoridad para cancelar la deuda de préstamos estudiantiles a través de una Orden Ejecutiva, como lo está considerando ahora la Casa Blanca. Eso plantea la posibilidad de que este tema se prolongue en los tribunales durante años.
En total, 79 millones de adultos estadounidenses han tenido préstamos estudiantiles en algún momento de los cuales aproximadamente la mitad los ha pagado por completo. Cancelar $10,000 de los préstamos estudiantiles que están vigentes, la cantidad que Biden propuso durante su campaña presidencial, podría redundar en la cancelación total de la deuda de 15 millones de los más de 45 millones de estadounidenses que aún deben.
Los defensores de la cancelación de la deuda argumentan que los demócratas deben cumplir una promesa de campaña a un electorado clave, y puede ser políticamente ventajoso para ellos hacerlo antes de las elecciones de noviembre de 2022, cuando la participación de la base demócrata será fundamental para el éxito del partido. Pero si la administración de Biden presenta un plan que los votantes no consideran justo, el partido podría enfrentar una reacción violenta en las urnas.
La Casa Blanca está considerando varias propuestas para la cancelación de la deuda, posiblemente con límites de elegibilidad basados en los ingresos. Dichos límites son cruciales, porque permiten que la mayor cantidad de ayuda llegue a los más necesitados. Una cancelación generalizada sería tremendamente regresiva, según un análisis de la Institución Brookings. La mayor parte de la deuda está en manos de hogares de mayores ingresos, por lo que cualquier cantidad de condonación universal los beneficiará de manera desproporcionada.
