Pocas cosas parecen más claras para la opinión pública que el tema de las escoltas. En medio de esa crisis local que no termina y que nos ha acompañado por más de una década, las escoltas no son vistas como un derecho sino como un lujo que no podemos permitirnos. No. No hablo de aquellas ocasiones en las que razones de seguridad válidas provocan la utilización de efectivos de la policía para garantizar la seguridad de funcionarios y exfuncionarios. Ese uso a todas luces responde al mínimo de sentido común.
Me refiero al uso liviano. Al que pretende la fanfarria y el autobombo. El que no se ancla en preocupaciones de seguridad genuinas pero sí en buenas dosis de ego. No temo equivocarme al afirmar que en su mayor parte los ciudadanos de todos los partidos han concluido que el uso distendido de esas escoltas para funcionarios de todos los niveles -algunos prácticamente desconocidos para la opinión pública- no es solo un exceso que no podemos permitirnos sino que la insistencia en no tocar el beneficio raya en la desconexión con las necesidades del país. Resulta inexplicable cómo para una gran parte de los funcionarios electos tocar las escoltas es casi un sacrilegio. ¿Cómo se atreve alguien a cuestionar ese “derecho adquirido” si se ha concedido “toda la vida”? , cuestionan algunos. Los mismos que parecen ignorar que precisamente muchas de esas prácticas de toda la vida, como el despilfarro de fondos públicos, la contratación injustificada y el endeudamiento son, indiscutiblemente, parte del problema que nos ha traído hasta aquí. Parecen olvidar muchos de quienes esbozan esos argumentos que otros derechos adquiridos muchos más esenciales como las pensiones han sido trastocados bajo el argumento de la insolvencia del Estado. Entonces, ¿el derecho a las pensiones es alterable pero el de los escoltas que en más de un caso tienen como taller primario cubrir el sol o aguardar en unidades permanentemente encendidas a funcionarios y ex funcionarios, son intocables?
PUBLICIDAD
Si el argumento no se ancla en el asunto del “derecho adquirido”entonces se mueve al ámbito del que riposta que “los suyos”gastan menos que “los otros”, por lo que a quien hay que cortarle el beneficio es a cualquiera menos al de su tribu política. Pamplinas. Tan mal argumento como el esbozado por el Gobierno para justificar la protección de agentes de la policía asignados a la escolta de Fortaleza para la seguridad personal de la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, quien, según el jefe de seguridad pública “no tiene escoltas”pero sí policías “asignados a la oficina de seguridad de Fortaleza”. Si ladra, tiene cuatro patas y se llama Fido es un perro aunque usted le llame gato
Otras se anclan en el argumento de que eliminar o reducir las escoltas “no da” para asuntos como el pago de la deuda. Evidentemente el ahorro que se producirá de la eliminación o recorte de ese privilegio no pagará a los bonistas, pero sí permitiría redirigir recursos a agencias y dependencias que viven enormes carencias. Mientras el gasto de escolta se chupa millones, dependencias como Recursos Naturales y el Departamento de la Familia, o instituciones como el Centro de Diabetes, apenas pueden cumplir con sus responsabilidades por la escasez de recursos. ¿Prefiere el país el gasto en los escoltas sobre la posibilidad de robustecer agencias e instituciones que brindan servicio directo al país? Me parece que la respuesta es obvia.
Tanto como que la resistencia a la eliminación de las escoltas o su condicionamiento no tiene como base real el bien público y la adecuada utilización de los escasos recursos del país. Basta con mirarnos en el espejo de otras jurisdicciones, incluso bajo bandera estadounidense, que han decidido revisar este privilegio aun cuando sus recursos económicos multiplican los de esta isla en quiebra. Tome usted el estado de Texas, una de las economías más robustas del planeta. Allí los exgobernadores no tienen ni escoltas ni guardaespaldas ni nada que se le parezca. Su Compensación mensual, su plan médico y listo. En Nueva Jersey los exgobernadores reciben escoltas solo unos meses después de abandonar el cargo. Lo mismo sucede en Pennsylvania. Pero aquí todavía nos lo estamos pensando. Pero aquí seguimos agarrados de la excusa burda y el argumento hueco que no aguanta la profundización. Aquí en la isla de la crisis, solo hay crisis donde conviene.Dejemos de dorar la píldora. Hagamos lo correcto.
