Como ladrón en la noche, pronto surgirá un nuevo acuerdo entre los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Control Fiscal. Al anunciarse la aprobación del Plan de Ajuste de la deuda, Justin Peterson, miembro de la Junta, reclamó en Twitter - eufórico - “On to PREPA!”, junto a una foto de Donald Trump y su libro “The Art of the Deal”.
Los equipos fiscales de varios gobiernos en Puerto Rico, y una AEE libre de supervisión regulatoria hasta 2014, lograron lo imposible: quebrar a un monopolio.
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En 2010, el gobierno de Luis Fortuño autorizó ocho (8) préstamos para la AEE por casi $4 mil millones. En 2012, tomaron $650 millones adicionales. La Legislatura de entonces, en vez de fiscalizar esas deudas criminales, se enfocó en autorizar un préstamo de $600 millones para que AEE nos rebajara artificialmente las facturas eléctricas antes de las elecciones de 2012. Mientras, las uniones AEE reclamaban que se les honrara un nuevo convenio, invocando un supuesto “superávit” de $706 millones (que jamás existió). El gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) autorizó en agosto de 2013 el último préstamo para AEE por $673 millones.
La AEE acumuló $9 mil millones de deuda con sus bonistas, y $4 mil millones con el plan de pensiones de los trabajadores AEE. Sin excepción, todas las versiones del Reestructuring Support Agreement (RSA) entre AEE y sus bonistas (RSA-AEE) condenan al pueblo de Puerto Rico a pagar altas facturas de electricidad por las próximas cuatro décadas.
El RSA-AEE esconde crímenes. Tanto la AEE, el equipo fiscal del gobierno, y los bonistas, tenían que saber que la deuda que autorizaron desde 2010 era impagable e ilegal. Las proyecciones de ingresos de la AEE fueron infladas artificialmente para inducir al mercado a comprar los bonos. De los casi $5 mil millones autorizados en deuda AEE en 2010 y 2012, apenas $800 millones se invirtieron en mejoras al sistema eléctrico. La AEE emitió deuda ilegalmente para pagar la “Visa con la Mastercard”. Consultores, abogados, financieros, auditores, firmas de ingeniería, y bonistas se echaron a sus bolsillos millones de dólares emitiendo una deuda que todos sabían era impagable.
De toda la deuda pública de Puerto Rico, la deuda AEE es posiblemente la que más señalamientos de ilegalidad tiene. Trágicamente, el gobierno del Partido Nuevo Progresista – actuando a favor de bonistas buitre y de la Junta - eliminó en 2017 la comisión creada por el anterior gobierno PPD para auditar y cuestionar la deuda pública.
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Urge que el pueblo y los sectores comerciales e industriales del país levantemos un alerta ante un RSA-AEE que destruirá toda posibilidad de desarrollo económico en Puerto Rico. La clase política, así como los congresistas y la Administración Biden, deben enfrentar los retos del RSA-AEE para nuestro pueblo, y articular cuanto antes alternativas realistas a este pacto suicida.
