Leyes infames y un juez supremo fuera de lugar

Durante las pasadas semanas se ha reseñado en numerosos medios noticiosos proyectos de ley impulsados en varios estados por legisladores republicanos que pretenden legalizar el discrimen. Amparándose en lo que llaman “libertad religiosa”, estos políticos conservadores han asumido una actitud revanchista ante el vertiginoso avance del matrimonio igualitario en Estados Unidos.

El caso que más ha sonado ha sido el de Indiana, donde el gobernador convirtió en ley una polémica legislación que permite el discrimen, lo que dio paso a una interminable ola de críticas y llamados al boicot contra ese estado. Tal fue la presión recibida, que el gobernador tuvo que dar paso a legislación adicional para “aclarar” el propósito de la ley.

Pero por más que quiera aclarar la intención de la legislación, lo cierto es que ese tipo de proyecto permite que cualquier persona se escude en sus creencias religiosas para negar servicios y discriminar. El ejemplo típico de discrimen es el de la repostería o floristería cuyos dueños se niegan a ofrecer sus servicios a parejas del mismo sexo. Pero hay situaciones mucho más serias, como el de una pediatra que se negó a atender a una bebé porque la pequeña tiene dos mamás.

Ambos son casos de discrimen que no deben tener cabida en una sociedad civilizada. El estado no debe prestarse para fomentar que ciudadanos sean atropellados de semejante forma.

En Puerto Rico, donde el matrimonio entre parejas del mismo sexo se encuentra más cerca que nunca, los políticos al servicio del fundamentalismo continúan luchando contra la igualdad de derechos. Así lo demuestra el grupo de legisladores del PNP que fueron al tribunal a reclamar que el secretario de Justicia defienda en Boston el Artículo 68 del Código Civil.

Aseguran los políticos que su acción va más allá del Artículo 68 y que su reclamo es contra el gobierno, que alegan no cumple con su deber de defender la Constitución. Lo siento, pero la larga y evidente agenda anti LGBTT de algunos de los políticos del patio demuestra claramente que la batalla legal se debe a su oposición a reconocer la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. La “indignación” de los demandantes responde a la decisión del gobierno de apoyar el reclamo de quienes solo aspiran a ser tratados como el resto.

Pero no son solo los funcionarios electos los que trabajan para imponer sus creencias religiosas sobre los demás. El pasado fin de semana, el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Erick Kolthoff, participó en una actividad en la que urgió a las organizaciones religiosas a defender sus derechos constitucionales y luchar por la permanencia de los valores cristianos.

En la actividad, según reseñó Noticel, Kolthoff aseguró que el Tribunal Supremo de Estados Unidos convirtió un gobierno “claramente fundamentado en la fe cristiana, en un gobierno secular, lo que ha traído terribles consecuencias para la nación”.  Dijo además: “la lucha por nuestra fe y nuestros valores no ceja”.

Resultan muy preocupantes las expresiones de uno de los integrantes del más alto foro judicial de Puerto Rico, el mismo que debe velar por la igual protección de todos los ciudadanos. La justicia no puede estar sujeta a “nuestra fe” o la arbitraria interpretación de los “valores”.

En nuestro país, donde habitamos personas de todo tipo de creencias religiosas, así como personas que no son creyentes, no hay espacio para que se intente imponer un dogma particular. Lamentablemente, hay gente que piensa lo contrario. El gobierno tiene la obligación de proteger la pared que lo divide de toda presión e influencia religiosa.