Arrestan a tres hombres por cargos de explotación infantil
Los acusados, residentes de Canóvanas, Vega Baja y Guaynabo, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión de ser declarados culpables
Por EFE
En tres casos separados, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Negociado de la Policía de Puerto Rico, arrestaron a tres hombres acusados formalmente de explotación infantil, informó el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó.
“Estamos comprometidos con llevar ante la justicia a los acusados en estos casos y con proteger a todos los niños”, expresó Ramírez Carbó en declaraciones escritas.
“En menos de una semana, HSI San Juan arrestó a tres personas por cargos relacionados con la explotación infantil, incluida una a quien se le encontraron más de 2,500 imágenes ilícitas y otra que anteriormente había sido arrestada por HSI por el mismo delito. Estos casos ponen de relieve la amenaza grave y persistente de la explotación infantil, que requiere concienciación pública y una colaboración estrecha con las autoridades. HSI mantiene su compromiso de actuar con rapidez cuando los infractores violan la ley o las condiciones de su supervisión”, añadió Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan.
Los arrestados fueron identificados como Samuel Alexander Meléndez Pérez, de 25 años y residente de Canóvanas; Carlos Javier Rosado Rosado, de 21 años y residente de Vega Baja, y Rubén Cautiño Latoni, de 37 años y residente de Guaynabo.
A los tres se les acusa de recibir, distribuir o poseer material de pornografía infantil en dispositivos electrónicos.
En el caso de Cautiño Latoni, se indicó que fue declarado culpable en febrero de 2020, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, por posesión de pornografía infantil.
De ser declarados culpables, Meléndez Pérez y Rosado Rosado enfrentarían una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una máxima de 20 años. Por su parte, Cautiño Latoni se expone a una pena mínima obligatoria de 10 años y una máxima de 20 años.
Las personas declaradas culpables de estos delitos también enfrentarían un período obligatorio de libertad supervisada de entre cinco años y cadena perpetua, luego de cumplir sus respectivas sentencias, y tendrían que inscribirse en el Registro de Ofensores Sexuales.
