Coccoloba demanda a la secretaria de la Familia y a LAP Consulting por $2.5 millones

La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, alega que el Departamento de la Familia y sus contratistas convirtieron en una “propuesta”, sin conocimiento ni autorización de la empresa, el correo electrónico con el que Coccoloba declinó participar en el proceso que culminó con la adjudicación del contrato a NOLA Education. A Roig Fuertes se le demanda en su carácter personal y en su capacidad oficial. Los demandantes también notificaron la reclamación al Departamento de Justicia, como exige la ley para demandar al Gobierno.

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Según el documento, el 8 de enero de 2026, Torres Santana respondió únicamente al correo de la secretaria que la empresa “no estaremos sometiendo una propuesta como proponentes principales en esta ocasión”, y adjuntó, como cortesía, el perfil de negocios de Coccoloba y un opúsculo de sus servicios.

“Coccoloba no escribió al buzón de propuestas ni sometió ninguno de los elementos que la invitación exigía”, sostienen los demandantes.

Al día siguiente, aseguran que una funcionaria de la Oficina de la Secretaria, Irma E. Abreu Marine, reenvió esa comunicación al buzón oficial de propuestas con la nota: “Este documento llegó al email de la Secretaria y la carta indica que es a [email protected]”. Luego, el Departamento se la remitió a su contratista, LAP Consulting, para que la evaluara.

“Nadie consultó a Coccoloba ni verificó la naturaleza de la comunicación”, afirman los abogados.

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LAP Consulting le asignó 24.7 puntos de 100 y consignó en su informe técnico que “tres organizaciones sometieron propuestas”. La demanda incluye al presidente de la firma, Luis A. Pedraza González, y a los otros dos miembros del comité evaluador, Ramón Rodríguez Montalbán y Misael E. Pérez Marrero.

A base de ese informe, Familia le envió a la empresa una carta en la que le informó que “su propuesta no fue seleccionada” y, en mayo, un aviso de cancelación dirigido a los proponentes. “Ambos documentos afirman un hecho falso y pasaron a formar parte del expediente oficial del proceso”, señalan los demandantes.

La empresa alega, además, que Roig Fuertes insistió ante el Senado, el 7 de octubre, en que Coccoloba participó en el proceso, y que en los días siguientes declaró a la prensa que tenía “la evidencia de todo lo contrario” a lo que la empresa había declarado bajo juramento, que “nosotros tenemos quien está detrás de Coccoloba” y que el interés de la empresa “levanta suspicacia”. Entre esas expresiones, la demanda cita declaraciones de la secretaria a este medio.

Según los demandantes, esas expresiones presentaron a Coccoloba como una “empresa que miente sobre su participación y actúa por intereses ocultos”, y arrastraron a Torres Santana, “sin quererlo, al centro de una controversia pública”.

Los abogados indicaron que el propio Departamento les entregó el 15 de octubre la cadena de correos y el informe técnico, que confirman que la única comunicación de Coccoloba fue su declinación. “A pesar de ello, el Departamento no ha corregido el expediente ni rectificado públicamente, y ha continuado divulgando el expediente a la Asamblea Legislativa como parte de la investigación en curso”, afirman.

Del total reclamado, Coccoloba solicita $1 millón por daños a su reputación comercial y $500,000 por pérdida de ingresos y oportunidades de negocio. Torres Santana reclama $850,000 por angustias mentales y daños a su reputación, y ambos solicitan $150,000 por daños económicos.

La demanda pide, además, que el tribunal declare que Coccoloba nunca sometió una propuesta ni participó en el proceso, y que ordene a Familia corregir el expediente, notificar la corrección a las agencias federales y locales que lo recibieron y publicar una rectificación con la misma prominencia con que se divulgaron las afirmaciones sobre la empresa.

Aun así, en su notificación a Justicia, los abogados dejaron abierta la puerta a un acuerdo. “Quedamos a su disposición para discutir cualquier alternativa de solución extrajudicial, incluida la rectificación voluntaria del expediente y de las expresiones públicas, que pueda evitar el litigio”, expresaron.

El contrato de $38.5 millones en fondos federales del programa TANF se le adjudicó a NOLA Education el 20 de enero de 2026, y Familia canceló la adjudicación el 19 de mayo. El proceso es investigado por el Senado, el Departamento de Justicia y agencias federales, luego de que la exadministradora de la ADSEF, Blanca Medina Díaz, denunciara que la secretaria la presionó para firmar el contrato.

La empresa está representada por los licenciados Alfredo López-Garay y Nadja Cardona Portalatín, del bufete López & Cardona.