Vicepresidente del Senado exige la renuncia de la secretaria de la Familia
Carmelo Ríos Santiago se suma a los reclamos contra Suzanne Roig Fuertes, quien enfrenta investigaciones por el contrato de NOLA Education y una demanda por hostigamiento laboral
El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, pidió la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, ante la acumulación de señalamientos en su contra por el fallido contrato con la empresa NOLA Education y otras controversias en la agencia.
“Yo creo que ella debe dejar el puesto y atender los asuntos de los cuales se le señala. Cada vez hay más documentación en contra de lo que ella plantea públicamente, o sea, la gente con la que ella trabaja ha pasado la raya de decir ‘lo que dice la secretaria no es verdad y aquí está la documentación’. Eso es muy poderoso”, expresó el legislador en entrevista con el programa Pegaos en la Mañana.
“Cuando eso pasa, tu cuerpo rector se desmoraliza”, añadió.
Las expresiones de Ríos se suman a las del senador Juan Oscar Morales, portavoz alterno de la mayoría en el Senado, quien ha exigido la salida de la funcionaria y quien esta semana solicitó al Senado dar a Familia 48 horas, bajo apercibimiento de desacato, para entregar información sobre el contrato de NOLA Education que, según el legislador, la agencia dejó sin contestar o respondió a medias.
La controversia surgió cuando la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) Blanca Medina Díaz, destituida el 28 de septiembre, testificó bajo juramento ante el Senado que Roig Fuertes la presionó para firmar un contrato de $38.5 millones en fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) con NOLA Education, empresa de Luisiana que opera el programa Star Academy, dirigido a estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.
NOLA Education se inscribió en Puerto Rico el 10 de diciembre de 2025, días después de que Roig Fuertes y un grupo de funcionarios viajaran a Nueva Orleans. El 20 de enero de 2026, la secretaria le adjudicó a la empresa un proceso competitivo por invitación, aunque el contrato nunca se firmó.
La evaluación de las propuestas estuvo a cargo de la firma LAP Consulting Group, que le otorgó a NOLA Education la puntuación más alta frente a Litoral Vivo Corp. y Coccoloba AgroEnvironmental LLC. Esta última, sin embargo, sostiene que nunca presentó una propuesta y que notificó por escrito que no le interesaba participar.
El Departamento de Justicia investiga el caso a través de su División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), y también lo evalúan la Oficina del Inspector General y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, ante la cual han comparecido Medina Díaz, el presidente de LAP Consulting, Luis A. Pedraza, y el dueño de Coccoloba.
Esta semana, además, salieron a la luz documentos que muestran que en la ADSEF se evaluó pagarle por adelantado a NOLA Education la totalidad de los fondos, luego de que la secretaria negara ante el Senado que se hubiera considerado un pago adelantado. Familia sostuvo que se trató de un intercambio interno entre funcionarios en el que Roig Fuertes no participó, y que no se presentó ninguna solicitud de fondos ni se autorizó ningún desembolso.
A esto se suma una demanda civil que radicó el martes en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo la exdirectora regional de Familia en esa región, Blanca García Sostre, quien reclama $1.35 millones a Roig Fuertes, a otras tres funcionarias de la agencia y al Gobierno.
García Sostre alega que, desde 2025 hasta junio de 2026, “comenzó a ser objeto de un patrón continuo de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal, maltrato psicológico”. Según la demanda, la secretaria “profería insultos explícitos y descalificaciones contra la competencia profesional de la demandante, incluyendo expresiones en las que la tildaba de ‘bruta’ y ‘mentirosa’”.
La exfuncionaria sostiene, además, que fue excluida de actividades oficiales, que sus funciones directivas fueron delegadas a la subdirectora regional y que, en mayo de 2026, mientras estaba en vacaciones forzosas, se cambiaron las cerraduras de su oficina con la aprobación de la secretaria. Poco después, según el documento, se le informó por órdenes de Roig Fuertes que ya no era directora regional.
Roig Fuertes ha defendido su gestión, y esta semana aseguró que las investigaciones no afectan los servicios de la agencia y sostuvo que las alegaciones de la demanda ya habían sido investigadas internamente.
