Familia insiste en que análisis de pago a NOLA Education fue un intercambio interno
Documentos muestran que se evaluó pagarle por adelantado a la empresa la totalidad de los fondos, y que la Oficina de Finanzas de la ADSEF recomendó, en cambio, pagar mediante reembolso
El Departamento de la Familia aclaró que el correo electrónico en el que se evaluaban mecanismos de pago a la empresa NOLA Education fue un intercambio interno entre funcionarios de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y que no constituyó una solicitud de fondos, una autorización de pago ni una gestión de desembolso.
Según Familia, el intercambio fue entre el entonces administrador de la ADSEF, Ramón A. Burgos Bermúdez, y el administrador auxiliar de Finanzas y Presupuesto, Eddie J. Burgos Villalobos. La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, no participó en esa comunicación, según indicó la agencia en declaraciones escritas.
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“Una consulta interna entre funcionarios no es una autorización para comprometer fondos públicos. En este caso no se formalizó un contrato, no se presentó una petición de fondos y no se tramitó ningún desembolso. Un análisis preliminar no es una determinación ni un pago autorizado”, expresó Roig Fuertes.
Documentos a los que tuvo acceso Metro Puerto Rico muestran que el 22 de octubre de 2025, el licenciado Carlos M. Limardo Ortiz, quien firma bajo la empresa Advocacy Solutions, LLC, envió a funcionarios de la ADSEF, con copia a Burgos Villalobos, un documento titulado “Opciones de pago-Star Academy”. Se trata de un análisis comparativo, preparado “para el Departamento de la Familia”, de tres estructuras de pago para el acuerdo con NOLA Education, operadora del programa Star Academy, dirigido a estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.
La primera opción contemplaba pagar por adelantado, al momento de la firma, el 100% de los $37.5 millones previstos en el Anexo A del acuerdo, cuyo valor total ascendía a $38.5 millones. Las otras dos proponían desembolsos en tres plazos, con un primer pago de 70% ($26.25 millones) o de 60% ($22.5 millones).
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El propio documento advertía que el prepago total “podría atraer escrutinio de entidades de supervisión [...] a menos que se justifique cuidadosamente como necesario para la implementación oportuna”. Aun así, concluía con la recomendación de “aprobar la Opción 1 [...] para asegurar la implementación exitosa, oportuna y auditable del piloto Star Academy de 25 sedes en Puerto Rico bajo TANF”, en referencia al programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.
El análisis justificaba esa opción en “la prioridad de la Gobernadora Jenniffer González Colón de lanzar el piloto de 25 escuelas de Star Academy en Puerto Rico para el año escolar 2026–2027”.
Dos días después, el 24 de octubre de 2025, Burgos Villalobos respondió por correo electrónico a Burgos Bermúdez, con copia a Limardo Ortiz, con la recomendación de la Administración Auxiliar de Finanzas y Presupuesto: que el desembolso a Star Academy “se realice mediante reembolso por servicios y/o equipos efectivamente prestados o entregados”.
En su recomendación, el funcionario citó la Ley 237 de 2004, que establece que toda entidad gubernamental “pagará únicamente por servicios rendidos”, así como la Ley de Contabilidad del Gobierno y el Reglamento 5449 sobre otorgación de contratos. Añadió que el Reglamento 31 del Departamento de Hacienda exige que las solicitudes de pago por adelantado sean presentadas al secretario del Departamento de Hacienda y aprobadas por este, y señaló que había encontrado una consulta de la Oficina del Inspector General sobre un asunto similar.
Familia presentó, además, una certificación emitida el 16 de junio de 2026 por la Administración Auxiliar de Finanzas y Presupuesto de la ADSEF, según la cual esa oficina no recibió de la Oficina de Asuntos Legales ninguna solicitud de fondos para un contrato a favor de NOLA Education.
NOLA Education, empresa de Luisiana, se inscribió en Puerto Rico el 10 de diciembre de 2025, días después de que Roig Fuertes y un grupo de funcionarios viajaran a Nueva Orleans, entre el 7 y el 10 de diciembre. El 20 de enero de 2026, la secretaria de la Familia le adjudicó un proceso competitivo por invitación, aunque el contrato nunca se firmó.
La evaluación de las propuestas estuvo a cargo de la firma LAP Consulting Group, contratada por Familia y presidida por Luis A. Pedraza. Además de NOLA Education, la firma evaluó a Litoral Vivo Corp. y a Coccoloba AgroEnvironmental LLC.
Coccoloba, sin embargo, sostiene que nunca presentó una propuesta y que notificó por escrito que no le interesaba participar, porque no ofrecía los servicios solicitados. Por su parte, Pedraza compareció ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS-OIG, en inglés), al igual que el dueño de Coccoloba, Christian Torres Santana, y la exadministradora de la ADSEF Blanca Medina Díaz.
La controversia surgió cuando Medina Díaz, destituida el 28 de septiembre, testificó bajo juramento ante la Comisión de Familia del Senado que Roig Fuertes la presionó para firmar el contrato con NOLA Education, a pesar de que, a su juicio, no cumplía con los usos permitidos de los fondos TANF. El caso está bajo investigación del Senado, el Departamento de Justicia y las autoridades federales.
“El manejo de los fondos públicos exige responsabilidad, transparencia y cumplimiento estricto de la ley. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra posición. Los documentos deben examinarse en su contexto y no usarse para atribuir decisiones que no ocurrieron”, puntualizó Roig Fuertes.
