Policías podrían recibir millonario alivio: buscan mover $3.7 millones estancados por más de una década

Un proyecto presentado por Joanne Rodríguez Veve y Gregorio Matías ordenaría transferir al Fideicomiso para el Retiro de la Policía los fondos que permanecen depositados en Hacienda y que originalmente fueron recaudados, principalmente, mediante multas de tránsito.

Por Santiago Omar Escobar Colón

31 ago, 2:58 pm 3 min de lectura
Policías podrían recibir millonario alivio: buscan mover $3.7 millones estancados por más de una década
El Comisionado de la Policía, Joseph Gonzalez, ofrece información de estadísticas de la semana pasada. Cuartel General de la Policía. Hato Rey. Metro PR 10 de marzo de 2025

Los policías retirados podrían recibir un nuevo impulso para sus pensiones si prospera una medida legislativa que busca rescatar aproximadamente $3.7 millones que permanecen sin utilizarse en el Tesoro Estatal desde hace más de una década.

La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve y el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Gregorio Matías Rosario, presentaron un proyecto que ordenaría transferir esos fondos al Fideicomiso para el Retiro de la Policía como una aportación especial, única y no recurrente.

El dinero se acumuló bajo la Ley 140-2014, conocida como la “Ley para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”, que creó un fondo especial nutrido principalmente mediante recaudos vinculados a multas de tránsito.

Sin embargo, el fideicomiso que debía administrar ese dinero nunca llegó a constituirse. Según la exposición de motivos del proyecto, nunca se otorgó la escritura pública requerida, la Junta de fiduciarios no se organizó y tampoco se realizó un solo desembolso.

Como resultado, un balance aproximado de $3.7 millones permanece depositado y contabilizado en el Tesoro Estatal desde hace más de diez años, según certificaciones citadas en la medida del Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“La Ley 140 fracasó porque le encomendó el dinero a una estructura que nadie creó jamás. Este proyecto hace exactamente lo contrario: toma ese dinero y lo pone en un fideicomiso que ya existe, que ya opera, que ya está reglamentado y fiscalizado, y que tiene una fórmula en ley para distribuirlo”, expresó Rodríguez Veve.

La legislación establece que el secretario de Hacienda tendría 30 días, a partir de la vigencia de la eventual ley, para certificar el balance total acumulado, incluidos los intereses o rendimientos generados, así como identificar las cuentas y la institución financiera donde permanecen los recursos.

Posteriormente, Hacienda tendría otros 30 días para transferir el balance certificado a la cuenta custodia del Fideicomiso para el Retiro de la Policía. Si para ese momento estuviera pendiente alguna autorización presupuestaria requerida, el desembolso tendría que realizarse dentro de los diez días siguientes a que esta entre en vigor.

El dinero no podría utilizarse para cubrir gastos administrativos de agencias o instrumentalidades del Gobierno y tendría que ser distribuido exclusivamente bajo el mecanismo establecido para el Fideicomiso para el Retiro de la Policía.

“Ese dinero lo generó la labor de nuestros policías y es de estricta justicia que regrese a ellos. Los hombres y mujeres que dieron su vida por la seguridad de este País se retiraron con pensiones que no reconocen ese sacrificio, y el Fideicomiso para el Retiro de la Policía es la herramienta que creamos precisamente para hacerles justicia”, sostuvo Matías Rosario.

Los autores plantean que la transferencia sería fiscalmente neutral debido a que se trata de recursos ya recaudados y bajo custodia del Tesoro Estatal. Según el proyecto, la medida no crearía un gasto nuevo o recurrente, no reduciría ingresos ni comprometería nuevos recursos del Fondo General.

La propuesta también contempla el trámite correspondiente bajo PROMESA. De convertirse en ley, el gobernador o su representante tendría siete días para someterla a la Junta de Supervisión Fiscal junto con un estimado de su impacto.

Además, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, AAFAF y Hacienda tendrían hasta 60 días para realizar las gestiones necesarias para autorizar la transferencia dentro del presupuesto certificado vigente o, de no ser posible, incorporarla en la propuesta presupuestaria del siguiente año fiscal.

El proyecto también derogaría la Ley 140-2014, pero establece expresamente que el balance acumulado y sus intereses no podrán revertir al Fondo General y deberán mantenerse reservados para la aportación al Fideicomiso para el Retiro de la Policía.

Asimismo, cualquier funcionario que incumpla los términos establecidos tendría que informar por escrito a la Asamblea Legislativa las razones del retraso y establecer una fecha específica para completar el trámite.

“Hace unas semanas advertí que radicaría legislación de rescate, y hoy cumplimos. El dinero está. Lo que nunca existió fue la voluntad de cumplir la ley”, concluyó Rodríguez Veve.