Aumento en cierres de hogares responde a mayor fiscalización y denuncias ciudadanas, según Familia

“Hay mayor conocimiento y conciencia sobre los ciudadanos, los proveedores de servicios e incluso ustedes los medios de la prensa. Nosotros hemos estado durante todo el año pasado y hemos continuado este año pidiendo que anuncien, pidiendo que querellen, fortaleciendo también nuestro sistema de monitoreo con personal, con el sistema SULME”, expresó Roig Fuertes en conferencia de prensa.

El Departamento cerró 44 hogares de cuido prolongado durante los primeros siete meses del año, cifra que supera por 30% la registrada durante el mismo periodo de 2025. De ese total, 11 operaban sin licencia y los restantes 33 cesaron por distintas razones, entre ellas hallazgos de maltrato, negligencia, incumplimientos reglamentarios o decisiones de sus propietarios de abandonar el negocio.

“No me preocupa cuánto cerramos. Es que todos los que estén en funcionamiento realmente estén dando el servicio para el que están puestos ante la ciudadanía”, sostuvo la secretaria al defender la intervención del Departamento ante incumplimientos.

Roig Fuertes explicó que el aumento no significa necesariamente que existan más incidentes de maltrato, sino que el gobierno recibe más información y cuenta con mecanismos adicionales para intervenir. Según indicó, las querellas pueden presentarse de forma anónima y las investigaciones también pueden comenzar a partir de una visita de seguimiento o de información recibida por cualquier otro medio.

La funcionaria destacó que el Departamento implantó una amnistía durante el pasado año para que los hogares que operaban fuera del marco legal pudieran solicitar sus licencias y actualizar su documentación. Añadió que el nuevo reglamento de licenciamiento incorporó multas y otras penalidades administrativas que comenzaron a aplicarse durante este año fiscal.

Actualmente permanecen licenciados 996 hogares de cuido prolongado. Durante el mismo periodo en que cerraron 44 establecimientos, otros 106 comenzaron operaciones, por lo que la secretaria aseguró que existen camas suficientes para atender la demanda vigente.

Cerca de 17,500 adultos mayores residen en estos hogares y entre 6,500 y 6,600 reciben subvenciones del Departamento de la Familia.

La titular admitió que la falta de personal continúa como un reto histórico del Departamento, aunque indicó que el pasado año fiscal se reclutaron más de 100 trabajadores sociales y técnicos de familia y que el presupuesto vigente contempla otros 100 puestos.

También distinguió entre las funciones del área de licenciamiento, que evalúa el cumplimiento administrativo del establecimiento, y la Unidad de Maltrato Institucional, responsable de investigar las querellas relacionadas con la seguridad y el bienestar de los residentes.

La secretaria sostuvo que el cierre administrativo de un hogar no impide que continúen las investigaciones criminales y aseguró que el Departamento trabaja con la Policía y el Departamento de Justicia para procesar a las personas responsables de maltrato, negligencia o explotación financiera.

“Si entra a este tipo de servicios como cuidador, como proveedor, como dueño de hogar, sabe que tiene que cumplir con unas cosas mínimas. Esa pregunta de por qué lo hacen, que la respondan en un tribunal”, expresó.

Ante la sequía, el Departamento mantiene comunicación con los hogares mediante el sistema SULME, llamadas directas y avisos sobre interrupciones o racionamientos. El reglamento exige que cada establecimiento disponga de una cisterna con capacidad suficiente para atender a sus residentes durante al menos cinco días.

La agencia también distribuye agua embotellada y coordina asistencia con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Guardia Nacional y otras dependencias.

Roig Fuertes señaló, además, que el Departamento deberá transformar sus programas, servicios e infraestructura ante el crecimiento de la población de adultos mayores.