Historial de contratos de LAP Consulting y su presidente con el Gobierno
Luis A. Pedraza González ha tenido contratos a su nombre al mismo tiempo que su empresa en más de una ocasión
LAP Consulting Group —la empresa contratada por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) para evaluar las propuestas de un contrato de hasta $38.5 millones, proceso que finalmente fue cancelado— y su presidente, Luis A. Pedraza González, suman desde 2008 cerca de $2.8 millones en contratos con el Gobierno de Puerto Rico, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.
La corporación, con fines de lucro, se inscribió el 12 de marzo de 2012 en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado con el propósito de “proveer servicios de consultoría en el área de desarrollo organizacional principalmente”. Pedraza González figura como incorporador, presidente, tesorero y agente residente de la empresa, cuya oficina designada se ubica en un complejo de apartamentos residenciales tipo walk-up en Caguas, según constató Metro Puerto Rico.
El Registro de Contratos muestra que a LAP Consulting se le han otorgado 15 contratos y tres enmiendas con entidades públicas desde 2012, por $696,565. Los primeros fueron con el Municipio de Ponce: $96,600 en consultoría administrativa y empleo temporero entre 2012 y 2016. En 2013 obtuvo un contrato de $28,440 con la Oficina Central para Asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles, y entre 2023 y 2025 acumuló $270,625 con el Municipio de San Juan.
Con el Departamento de la Familia, LAP Consulting suma $300,900 en tres contratos de consultoría administrativa. El primero, de $39,900, se pagó con fondos federales y cubrió del 12 de julio al 31 de octubre de 2024. Los otros dos se pagaron con fondos estatales: uno de $180,000, vigente del 8 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, y el último, por $81,000, vigente desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre de este año.
Por su parte, Pedraza González, como individuo, tiene registrados 43 contratos y 19 enmiendas desde septiembre de 2008, por $2,069,460. La mayor parte, $1,841,720, corresponde a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), que lo ha contratado todos los años desde 2008. Desde 2018, esos acuerdos han rondado los $108,000 anuales para servicios administrativos, de planificación y de consultoría, y desde octubre de 2021 se pagan con fondos federales. También tuvo contratos con el Municipio de Ponce entre 2008 y 2013, por $210,300, y con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, por $17,440.
En varios períodos, Pedraza González y su empresa han mantenido acuerdos vigentes de forma simultánea. Entre 2012 y 2013, tanto él como LAP Consulting tenían pactos activos con el Municipio de Ponce. Desde julio de 2024, mientras la empresa tenía contratos con el Departamento de la Familia, él mantenía a su nombre acuerdos con ASSMCA. En la actualidad, además del contrato de LAP Consulting con Familia, Pedraza González tiene vigente un acuerdo con ASSMCA por $33,600, otorgado el 5 de octubre de 2026 y que vence el 31 de enero de 2027.
Suman desde 2008 LAP Consulting Group y su presidente, Luis A. Pedraza González, en contratos públicos
Vigencia de los contratos por entidad
Fue precisamente uno de esos contratos con el Departamento de la Familia el que puso a LAP Consulting en el centro de la controversia actual. La agencia contrató a la firma para evaluar las ofertas de un programa de rezago académico financiado con fondos del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). Las propuestas correspondían a NOLA Education, Litoral Vivo Corp. y Coccoloba AgroEnvironmental. NOLA Education fue recomendada tras un proceso por invitación y notificada en enero de 2026 para implantar su programa Star Academy en 25 escuelas públicas.
Los cuestionamientos sobre el proceso surgieron en junio, cuando una investigación de la periodista Nuria Sebazco, de Las Noticias de Teleonce, reveló documentos internos con preocupaciones sobre la evaluación de la propuesta y el uso de los fondos. La controversia escaló a finales de septiembre, cuando la administradora de la ADSEF, Blanca Medina Díaz, fue removida de su cargo. Medina Díaz alegó públicamente que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, la presionó para firmar documentos relacionados con el contrato, y que su salida respondió a su negativa. Roig Fuertes ha negado las alegaciones y sostiene que no se firmó un contrato ni se desembolsaron fondos.
El caso ya trascendió el ámbito de investigaciones legislativas. El 30 de septiembre, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, refirió las denuncias al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General. El proceso es investigado, además, por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, ante la cual Pedraza González acudió el 19 de octubre, según reportó Las Noticias de Teleonce. Cuando se le preguntó si comparecía como testigo, respondió que no podía hacer expresiones.
En el Senado, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, que preside la senadora Wanda “Wandy” Soto Tolentino, investiga el proceso de contratación. Hoy, viernes, vence la extensión de 15 días que la comisión concedió a Roig Fuertes y a Medina Díaz para entregar la totalidad de los documentos solicitados, entre ellos el expediente completo de la evaluación de propuestas.
