Johnny Méndez rechaza cambiar ley que Georgie Navarro busca corregir

El presidente cameral se negó a abrir la Ley 82 pese a que el propio autor de la medida reconoció preocupaciones sobre acceso a los tribunales.

Por Metro Puerto Rico

19 may, 11:30 am 1 min de lectura
Johnny Méndez rechaza cambiar ley que Georgie Navarro busca corregir
El presidente de la Cámara de Representantes Johnny Mendez. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, junto al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y legisladores celebran el legado de SER de Puerto Rico y anuncian la implementación de medidas para impulsar la transparencia en el precio de medicamentos. Fortaleza, San Juan. Metro PR 7 de enero de 2025

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dejó claro que no dará paso a nuevas enmiendas a la controversial Ley 82-2026, pese a que el propio autor de la medida, el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, presentó un proyecto para corregir y flexibilizar parte de la legislación recién aprobada.

La Ley 82-2026 impone que cualquier ciudadano o entidad que quiera paralizar mediante recursos judiciales o administrativos un proyecto de construcción deberá presentar una fianza equivalente al 10% del valor total de la obra.

Sin embargo, Navarro radicó el Proyecto de la Cámara 1286 para modificar precisamente ese requisito, luego de reconocer que la imposición automática de la fianza podría “traducirse en una restricción irrazonable del acceso a los tribunales” para personas o comunidades con recursos limitados.

Pese a ello, Méndez sostuvo que no abrirá nuevamente la medida para atender nuevas enmiendas.

La propuesta presentada por Navarro busca devolver discreción al Tribunal de Primera Instancia para determinar si corresponde imponer una fianza y cuál sería la cantidad aplicable según cada caso, tomando en consideración factores como los recursos económicos de la parte demandante, el interés público involucrado y el posible impacto comunitario o económico del proyecto.

Además, la medida aclara que el requisito aplicaría específicamente a solicitudes de paralización de obras en suelo rústico y no a cualquier proyecto de construcción en general.

La Ley 82-2026 generó controversia casi inmediatamente después de ser firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón, debido a críticas de sectores ambientales, comunitarios y legales que alegan que la disposición podría limitar el acceso ciudadano a los tribunales para fiscalizar proyectos de construcción.

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