Georgie Navarro ahora busca cambiar ley del 10% que defendió y ya fue firmada
El representante penepé presentó un proyecto para enmendar la Ley 82-2026 y flexibilizar la polémica fianza obligatoria que él mismo impulsó.
El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez presentó un proyecto para enmendar la recién aprobada Ley 82-2026 y flexibilizar el requisito de la polémica fianza equivalente al 10% del valor total de un proyecto para solicitar la paralización de obras mediante recursos judiciales o administrativos.
La movida ocurre apenas días después de que la gobernadora Jenniffer González Colón firmara la Ley 82-2026, legislación impulsada y defendida públicamente por el propio Navarro como parte de los esfuerzos para reformar el sistema de permisos y agilizar proyectos de construcción y desarrollo económico en Puerto Rico.
La información trascendió mediante una publicación de la periodista Milly Méndez en sus redes sociales, donde divulgó detalles del Proyecto de la Cámara 1286, radicado este 18 de mayo.
La nueva propuesta legislativa busca eliminar el carácter automático y obligatorio de la fianza mínima del 10% y devolverle discreción al Tribunal de Primera Instancia para determinar si procede imponerla, así como la cantidad correspondiente.
Según el texto del proyecto, el tribunal podrá considerar factores como los recursos económicos de la parte demandante, la naturaleza de los daños alegados, el posible riesgo para la comunidad, el interés público envuelto y el impacto económico que tendría detener una obra ya autorizada.
Además, el proyecto aclara que el requisito de fianza aplicaría específicamente a solicitudes de paralización de obras en suelo rústico y no a cualquier proyecto de construcción en general.
La Ley 82-2026 generó controversia casi inmediatamente después de ser firmada debido al requisito económico impuesto para poder detener proyectos mediante acciones judiciales o administrativas. Sectores ambientales, comunitarios y legales cuestionaron que la imposición de una fianza millonaria podría convertirse en una barrera para acudir a los tribunales y fiscalizar proyectos de construcción.
Precisamente, en la exposición de motivos del nuevo proyecto radicado por Navarro, se reconoce que imponer automáticamente una fianza fija “puede traducirse en una restricción irrazonable del acceso a los tribunales” para personas o comunidades con recursos económicos limitados.
No obstante, la medida reafirma la política pública detrás de la Ley 82-2026 y sostiene que el propósito sigue siendo evitar paralizaciones consideradas frívolas o abusivas que atrasen proyectos de infraestructura, vivienda o desarrollo económico.
La controversia surge en momentos en que el liderato legislativo y La Fortaleza mantienen una discusión más amplia sobre cómo transformar el sistema de permisos del país.
Este mismo lunes, durante la quinta vista pública sobre la reforma del sistema de permisos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó varios aspectos del Proyecto del Senado 1183, presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón.
Rivera Schatz comparó esa propuesta con el Proyecto del Senado 1173, de su autoría, al señalar que la medida impulsada por el Ejecutivo propone una reorganización gubernamental compleja que podría tardar más de un año en implementarse.
“Un proyecto extenso de 800 páginas que tiene muchas implementaciones y enmiendas, y el otro proyecto lo que procura es ir a la mecánica diaria para de inmediato procurar agilidad en lo que se pueda”, expresó Rivera Schatz durante la vista pública.
El líder senatorial indicó que el Proyecto del Senado 1183 deroga 14 leyes, armoniza otras 29 y crea nuevas estructuras administrativas y zonas geoeconómicas, mientras defendió que su proyecto busca atender problemas operacionales inmediatos del sistema de permisos.
Rivera Schatz también defendió disposiciones relacionadas con la identificación de zonas ecológicamente sensitivas y aseguró que cualquier reforma final deberá incorporar recomendaciones de agencias, municipios, contratistas y sectores de seguridad pública.
Así las cosas, la decisión de Navarro de presentar una medida para modificar parte de la Ley 82-2026 añade un nuevo capítulo al debate sobre hasta dónde debe llegar la agilización de permisos y cómo balancear el desarrollo económico con el acceso ciudadano a la fiscalización judicial de proyectos.
