Asociación de Economistas favorece mantener Comisión del Salario Mínimo
Sostienen la Isla necesita procesos fundamentados en evidencia, análisis técnico y transparencia para atender la política salarial
La Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) expresó su respaldo a la permanencia de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo mediante la presentación de un memorial explicativo ante la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, en torno al Proyecto de la Cámara 1115.
La medida legislativa propone derogar la Ley 47-2021, eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y delegar exclusivamente a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico.
Según el memorial sometido por escrito, la AEPR planteó que la discusión sobre el salario mínimo no debe limitarse únicamente a la cantidad salarial, sino también al modelo institucional utilizado para formular, implementar y evaluar políticas públicas económicas que impactan a trabajadores, empresas y distintos sectores productivos.
La organización sostuvo que Puerto Rico debe evitar “enfoques extremos” en torno a la política salarial y enfatizó la necesidad de mantener procesos de evaluación fundamentados en evidencia, análisis técnico y transparencia institucional.
“El país no debe debilitar su capacidad técnica para evaluar políticas públicas de alto impacto económico y social como el salario mínimo”, expresó el presidente de la AEPR, el doctor Héctor Tavárez Vargas, según el documento.
Además, la asociación recomendó completar los nombramientos pendientes dentro de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, asignar mayores recursos para labores de investigación y análisis, fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y delimitar las funciones técnicas y políticas dentro del proceso de revisión salarial.
La AEPR también reafirmó su compromiso con la protección de los trabajadores, la defensa de sus derechos y la promoción de compensaciones económicas “dignas y justas”, así como con la adopción de políticas públicas fundamentadas en evidencia.
