Junta y gobierno rechazan levantar el “stay” en quiebra de la AEE
Junta Fiscal y gobierno de Puerto Rico se oponen a que bonistas de la AEE levanten el “stay” en la quiebra, en medio de disputa por ingresos netos.
La Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico se alinearon para rechazar un nuevo intento de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de ampliar el alcance de los litigios en el caso de quiebra bajo Título III.
En objeciones ambas partes pidieron al tribunal que mantenga vigente el litigation stay —la paralización de pleitos— y deniegue la moción de los bonistas que busca reactivar procesos para designar un síndico sobre la corporación pública o incluso desestimar el caso.
La ofensiva de los bonistas surge luego de que la jueza Laura Taylor Swain permitiera solo un alivio limitado del stay, enfocado en el proceso de accounting que determinará si la AEE ha generado “ingresos netos” (net revenues) y el valor de la garantía que respalda la deuda.
Junta: “No hay base para levantar el stay”
La Junta de Supervisión argumentó que la solicitud de los bonistas carece de fundamento y responde a una estrategia para retrasar la resolución del caso.
Según sostuvo, los bonistas alegan que su colateral está en riesgo, pero a la vez se oponen a que el tribunal determine su valor, lo que calificó como una contradicción.
Además, subrayó que el plan de ajuste propuesto contempla pagar en su totalidad el valor reconocido de la garantía, por lo que no existe falta de protección que justifique levantar el stay.
La Junta también advirtió que permitir el curso de acción solicitado podría desestabilizar el proceso de reestructuración y afectar la operación del sistema eléctrico, particularmente si se intenta desplazar a los operadores actuales, LUMA Energy y Genera PR.
Gobierno: levantar el stay sería prematuro
Por su parte, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) coincidió en que no procede ampliar el alivio del stay en esta etapa del caso.
El gobierno planteó que antes de considerar acciones adicionales, el tribunal debe completar el análisis central del proceso: determinar si existen ingresos netos y cuál es su valor como colateral.
También destacó que los recursos de la AEE se han utilizado para sostener la operación del sistema eléctrico, lo que, a su juicio, es consistente con las disposiciones legales aplicables y necesario para mantener el servicio.
Los bonistas intentan acelerar litigios que podrían abrir la puerta a un cambio en el control de la AEE o a la terminación del caso, la Junta y el gobierno defienden una ruta más secuencial:primero determinar el valor del colateral y luego avanzar hacia la reestructuración.
Ese punto —si la AEE ha generado ingresos netos y cuánto valen— se ha convertido en el eje de la controversia y será determinante para definir cuánto pueden recuperar los bonistas y si el plan puede confirmarse sin su apoyo.
