La gobernadora Jenniffer González Colón defendió su propuesta de reforma al sistema de permisos durante su participación como oradora principal en la Convención Anual de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, en momentos en que la medida continúa bajo evaluación en la Asamblea Legislativa y enfrenta planteamientos de distintos sectores.
Desde el evento celebrado en Río Grande, la mandataria sostuvo que el sistema actual representa un freno para la inversión y el desarrollo económico, al describirlo como uno fragmentado y con procesos inciertos.
“El principal problema es que tenemos demasiadas agencias de gobierno con demasiada discreción para decidir cuándo se da un permiso y cuándo no”, expresó durante su intervención.
Añadió que la falta de certeza en los procesos impacta directamente la inversión en la isla.
“Se dice que el 30% de los costos de los proyectos en Puerto Rico están atados directamente a la falta de permisos”, indicó.
La gobernadora defendió que la reforma, que propone un Código de Planificación y Permisos de más de 800 páginas, busca consolidar leyes, reducir discreción administrativa y establecer procesos más ágiles.
La iniciativa plantea, entre otros cambios, la creación de un sistema unificado, expedientes digitales y mayor participación de profesionales autorizados en la evaluación de proyectos, en un modelo que traslada parte del proceso fuera del gobierno con fiscalización posterior.
No obstante, la propuesta se encuentra en evaluación en la Asamblea Legislativa, en un escenario donde tanto el ejecutivo como el Senado y la Cámara de Representantes impulsan iniciativas distintas para reformar el sistema de permisos.
¿Cuáles son las posturas?
La discusión de la reforma ha generado consenso en torno a la necesidad de cambios, pero también diferencias marcadas sobre su alcance.
Durante vistas públicas en el Senado, sectores del gobierno y del ámbito técnico coincidieron en que el sistema actual enfrenta “limitaciones prácticas significativas”, incluyendo fragmentación interagencial, retrasos en adjudicaciones y falta de uniformidad en criterios técnicos.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha defendido la medida como un rediseño estructural dirigido a agilizar procesos y reducir la incertidumbre regulatoria. Su secretario, Sebastián Negrón Reichard, sostuvo que el sistema actual puede tardar entre nueve y 18 meses en la evaluación de permisos.
Por su parte, organizaciones del sector privado como la Asociación de Constructores y la Asociación de Industriales respaldaron la intención de reformar el sistema, al describirlo como un obstáculo para la inversión y la competitividad, aunque han recomendado ajustes en áreas técnicas.
En contraste, sectores municipales han levantado reservas sobre el impacto de la propuesta. La Asociación de Alcaldes advirtió que el modelo podría centralizar funciones y afectar la autonomía municipal.
Asimismo, la Federación de Alcaldes condicionó su respaldo a la incorporación de enmiendas que garanticen la protección de las facultades municipales dentro del sistema.
