La Administración de Servicios Generales (ASG) advirtió que el recorte presupuestario propuesto para el próximo año fiscal podría comprometer directamente su capacidad operacional y frenar avances en la Reforma de Compras del gobierno.
Durante una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado, la administradora de la ASG, Karla G. Mercado Rivera, sostuvo que la reducción recomendada —de $30.3 millones a $23.7 millones— representa una disminución de aproximadamente $6.6 millones, equivalente a casi una tercera parte del presupuesto actual.
El presupuesto fue recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión Fiscal, está por debajo de los $35.7 millones que solicitó la agencia para el año fiscal 2026-2027.
“Es un golpe injustificable a los logros obtenidos en la Reforma de Compras”, expresó Mercado Rivera, al advertir que la falta de recursos afectaría las actividades esenciales de la entidad responsable de centralizar las compras y contrataciones del gobierno.
El recorte se concentra principalmente en el Fondo General, que pasaría de $24.7 millones a $17.8 millones, mientras que los ingresos propios se mantienen prácticamente estables. Esta reducción, según la agencia, limita su capacidad de sostener operaciones críticas y apoyar a otras dependencias públicas.
La funcionaria subrayó que cualquier debilitamiento de la ASG tiene un efecto en cadena sobre agencias que atienden áreas prioritarias como salud, seguridad pública y educación, al ser la entidad que procesa y adjudica la mayoría de las compras gubernamentales.
Entre los principales riesgos identificados, la ASG destacó posibles atrasos en la implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), un proyecto tecnológico clave para modernizar las compras públicas.
También advirtió sobre el impacto en iniciativas de fiscalización, como la integración de sistemas GPS en la flota vehicular del gobierno —que supera los 9,000 vehículos— y herramientas para detectar irregularidades en procesos de adquisición.
“Interrumpir estos sistemas representa un riesgo de pérdida de visibilidad sobre el uso de recursos públicos”, indicó Mercado Rivera.
La agencia insistió en que existe una brecha significativa entre los recursos solicitados y los recomendados, lo que podría traducirse en menor eficiencia gubernamental y retrocesos en la política pública de compras.
Finalmente, la administradora reiteró que mantener el recorte implicaría “poner en riesgo precisamente las prioridades” del gobierno en áreas esenciales, al limitar la capacidad de la ASG de cumplir con su mandato.
