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Se declara culpable por daños ambientales en Bahía de Jobos

Admite violar la Ley de Agua Limpia de EE.UU. tras construir ilegalmente en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina en Salinas

construcción ilegal Bahía Jobos
Imágenes muestran la propiedad en mayo de 2019 y marzo de 2022, evidenciando la construcción ilegal en el área intervenida. (Suministrada)

Un hombre se declaró culpable este jueves de violar la Ley de Agua Limpia de EE.UU. al realizar construcciones y rellenos ilegales en una zona protegida de la costa sur de Puerto Rico.

De acuerdo con documentos judiciales, Orlando Rivera-Alejandro depositó material de relleno en el área conocida como Mar Negro, dentro de aguas federales y en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos, ubicada en el municipio de Salinas.

Entre enero de 2020 y marzo de 2022, el acusado levantó múltiples estructuras sobre el terreno rellenado, incluyendo un gazebo y una rampa de hormigón para embarcaciones. Además, construyó un muelle y varias columnas de PVC rellenas de concreto, vertiendo este material directamente en el cuerpo de agua.

Las autoridades indicaron que nunca solicitó ni obtuvo permisos para realizar estas obras, las cuales están prohibidas sin autorización federal bajo la legislación ambiental vigente.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Rivera-Alejandro aceptó pagar una multa de $50,000, eliminar todas las estructuras construidas y ejecutar trabajos de remediación ambiental para restaurar el área afectada a su estado natural. La sentencia fue programada para el 1 de septiembre de 2026.

La Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos, designada en 1981, protege humedales de alto valor ecológico y alberga especies en peligro como el pelícano pardo, el manatí antillano y la tortuga carey.

Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre la destrucción de humedales en Puerto Rico, en la que ya han sido condenadas varias personas entre 2024 y 2025 por delitos similares.

El anuncio fue realizado por autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el caso fue investigado por la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el FBI.

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