El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, envió una carta al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, exigiendo el cumplimiento inmediato de la orden judicial que obliga a la agencia a entregar información contributiva relacionada al exsecretario de Justicia, Antonio M. Sagardía de Jesús. La comunicación surge luego de que el Tribunal de Apelaciones confirmara que el Senado tiene derecho a acceder a los datos solicitados bajo la Petición de Información 2026-0036.
En la misiva, Rivera Schatz señala que Hacienda incumplió el término de 48 horas establecido por el tribunal para entregar la información, por lo que le concede un plazo final e improrrogable de 24 horas. De no cumplir, advierte que acudirá al Tribunal General de Justicia para solicitar que se declare al funcionario en desacato, lo que podría implicar sanciones severas, incluyendo arresto.
La controversia tiene su origen en una investigación legislativa para evaluar el cumplimiento contributivo de Sagardía como contratista del gobierno.
El Senado solicitó información puntual —como la radicación de formularios informativos (W-2 o 480.6SP), fechas de presentación, correcciones y entidades pagadoras— correspondiente a los años contributivos 2024 y 2025.
Hacienda se negó inicialmente alegando que los datos estaban protegidos por la Carta de Derechos del Contribuyente y el derecho a la intimidad, además de la oposición del propio Sagardía. No obstante, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones concluyeron que la solicitud legislativa responde a un propósito legítimo de fiscalización pública, que no incluye información sensitiva como ingresos o estilo de vida, y que no viola derechos constitucionales.
El foro apelativo también reafirmó el amplio poder investigativo de la Asamblea Legislativa bajo el principio de separación de poderes, al determinar que existe un interés público claro en examinar el cumplimiento contributivo de contratistas gubernamentales. Con ello, validó la orden de entrega inmediata de los documentos y dejó sin efecto cualquier paralización previa.
En ese contexto, la carta de Rivera Schatz intensifica la presión sobre Hacienda, elevando el tono del conflicto al advertir consecuencias legales directas si persiste el incumplimiento de la orden judicial.
