Un informe referido por el Departamento de Salud al Departamento de Justicia en marzo de 2022 advertía sobre posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, al Código Penal y a leyes de contratación pública en el caso de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, según se desprende del contenido del expediente que ha sido discutido públicamente.
El documento, que consta de más de 200 páginas, recoge alegadas actuaciones en las que, mientras se desempeñaba como funcionaria pública, Roig Fuertes habría utilizado su cargo para favorecer la contratación de una empresa privada. Entre los señalamientos incluidos en el referido, se plantea que se instruyó a proveedores del propio Departamento de Salud a subcontratar a dicha entidad, lo que habría generado cuestionamientos sobre el uso de la posición oficial para beneficiar intereses particulares.
Asimismo, el informe detalla aumentos en contratos que, según el análisis del expediente, alcanzaban hasta $60,000 mensuales para un solo participante.
También se describen presiones para que parte de esos fondos fueran canalizados hacia la empresa en cuestión, lo que podría implicar un esquema dirigido a evadir los procesos formales de contratación gubernamental establecidos por ley.
El propio referido advierte que estas conductas podrían constituir violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, así como posibles delitos tipificados en el Código Penal, incluyendo enriquecimiento ilícito e injustificado. De igual forma, el expediente estaría sustentado en entrevistas y declaraciones juradas recopiladas durante la investigación, lo que formó parte del análisis inicial remitido a Justicia.
El contenido del informe ha sido analizado públicamente por el reportero investigativo del programa Rayos X, José Carlos Sánchez, quien indicó haber tenido acceso al expediente de 200 páginas y desglosó sus hallazgos en ese espacio.
Pese a lo anterior, el caso permaneció bajo evaluación en el Departamento de Justicia durante varios años —2022, 2023 y 2024— hasta que el 30 de octubre de 2025 la investigación fue cerrada sin la presentación de cargos.
Según se ha planteado en el debate público, la determinación de archivar el caso ha generado cuestionamientos, particularmente en torno a si se agotaron todas las gestiones investigativas, incluyendo entrevistas a testigos clave.
En ese contexto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó que solicitó el informe de cierre del caso y que no asumirá una postura hasta examinar el expediente completo. El líder senatorial ha insistido en que, hasta el momento, no existe acusación formal contra la funcionaria conforme a los documentos evaluados por las autoridades.
Rivera Schatz también adelantó que hará público el informe una vez lo reciba, con el fin de que tanto legisladores como la ciudadanía puedan examinar el trámite completo del caso desde su referido inicial en 2022 hasta su cierre en octubre de 2025. Además, no descartó que, de surgir nueva información, se puedan requerir explicaciones a los funcionarios que intervinieron en el proceso dentro del Departamento de Salud, el Departamento de Justicia y la fiscalía correspondiente.
La controversia se mantiene en desarrollo mientras distintos sectores continúan reclamando mayor transparencia sobre el manejo de la investigación y las razones que llevaron a su archivo, a pesar del contenido consignado en el referido original.
