En un nuevo informe que se suma a otros señalamientos recientes sobre el manejo de recursos públicos en distintas entidades, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico identificó deficiencias significativas en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
El Informe de Auditoría OC-26-21, que cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2025, emitió una opinión cualificada. Esto implica que, aunque las operaciones del Departamento se realizaron conforme a la ley en aspectos significativos, se detectaron fallas relevantes en el otorgamiento de permisos, la fiscalización, la generación de ingresos y el manejo de la propiedad pública.
Entre los hallazgos principales, la auditoría determinó que se aprobaron autorizaciones, licencias y permisos sin contar con documentación requerida, como certificaciones contributivas, evidencia de seguros, evaluaciones ambientales y cumplimiento con recomendaciones técnicas.
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Asimismo, se identificaron atrasos significativos en el trámite de múltiples solicitudes, incluyendo permisos relacionados con la zona marítimo terrestre, licencias de pescador comercial y concesiones de uso de aguas públicas. En algunos casos, los procesos excedieron por hasta 138 días el término reglamentario de 30 días, lo que afectó la eficiencia en la prestación de servicios y pudo impactar los ingresos del Departamento y de los solicitantes.
La auditoría también señaló deficiencias en la determinación de cargos y en el cumplimiento de obligaciones por parte de concesionarios.
En un caso, se estableció un cargo inferior al requerido por reglamento, lo que representó una ventaja económica indebida. Además, no se evidenció el seguimiento a informes y pagos requeridos, ni la imposición de multas por incumplimientos, lo que resultó en pérdida de ingresos.
En cuanto a la fiscalización, el informe determinó que el Cuerpo de Vigilantes no contaba con evidencia de inspecciones realizadas a concesionarios, lo que limita la capacidad del Departamento para verificar el cumplimiento de las condiciones de los permisos.
Otro de los hallazgos está relacionado con el uso de terrenos sin permisos vigentes y deficiencias en el control de permisos especiales para instalaciones de telecomunicaciones en bosques estatales. La auditoría encontró que la mayoría de los permisos evaluados estaban vencidos mientras las operaciones continuaban, además de limitaciones de acceso que dificultan la supervisión.
En el área de ingresos, se determinó que no se emitieron múltiples facturas relacionadas con cánones de arrendamiento de permisos especiales, y en algunos casos no fue posible determinar el importe dejado de facturar.
El informe también documenta deficiencias en el manejo de la propiedad pública.
El DRNA no ha realizado un inventario físico en más de 20 años y, durante varios periodos, no contó con un encargado de propiedad debidamente nombrado, lo que debilita los controles internos.
Este informe se suma a otros divulgados recientemente por la Oficina de la Contralora que han señalado fallas en el manejo de recursos públicos. Entre ellos, una auditoría a la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA) identificó deficiencias en controles internos, procesos de compras y cumplimiento con requisitos de informes, incluyendo pagos sin documentación completa y atrasos significativos en auditorías externas.
